Derechos Laborales y TLC: del prejuicio al juicio

4 de setiembre, 2007

Algunos de los argumentos relacionados con los derechos laborales y el TCL tienen la dificultad de transformar una opinión y una posibilidad en ciencia y destino ineludible, cuando afirman que el TLC y la apertura de mercados degradan la legislación laboral, porque así lo quieren las transnacionales.

El punto de partida es presuntamente científica: los “tratados de libre comercio y otras formas de apertura de mercados generan una reversión de las leyes laborales”. A continuación respaldan su argumento, afirmando que “muchas transnacionales conciben las relaciones laborales como precarización del trabajo, el desconocimiento de los derechos de los trabajadores y las jornadas de trabajo extenuantes”. Ello implica, concluyen, por eso se oponen al TLC en esta cuestión, la “flexibilización laboral” que “en esencia intenta una reversión de las leyes laborales que hicieron a nuestro un remanso de paz social durante medio siglo”. Y también señalan “que los trabajadores costarricenses no podrían ampliar sus derechos laborales, pero el Tratado sí permite que se restrinjan esos derechos bajo las modalidades de desregulación y flexibilización”.

¿Es inevitable que un TLC degrade la legislación laboral? No ¿Lo hace éste TLC? No. No hay en él una sola norma que modifique la legislación laboral nacional. Al contrario, desde el punto de vista de los trabajadores y de la sociedad en su conjunto, crea un nuevo instrumento internacional para garantizar que el comercio entre las partes no atente contra un conjunto de derechos básicos ¿Cuáles? El mínimo reconocido por todos en la OIT. No más, es cierto. Pero no menos.

¿Es posible competir en el mercado global con bajos salarios? Sí y muchos países lo hacen. Por ejemplo: China ¿Es ese un destino ineludible? No. La investigadora de la UCR , María Eugenia Trejos, crítica del tema laboral en el TLC y una de las fuentes utilizadas para quienes toman posición negativa sobre esta cuestión, brinda un buen ejemplo, cuando señala que, frente a la creciente competencia asiática, a finales de los setentas, las "respuestas de las empresas estadounidenses descansaron en un mayor desarrollo tecnológico, la innovación en la organización del trabajo, la relocalización industrial, la subcontratación de parte de la producción, los cambios en los productos y se ajustan a preferencias particulares y se rompe con la estandarización.. Todas estas respuestas contaron con gran apoyo estatal" Es cierto que algunos países y transnacionales conciben las relaciones laborales de la terrible forma en que las describen algunos de los críticos del TLC, pero es imposible concluir que los tratados de libre comercio y la apertura de mercado generan, necesariamente, “una reversión de las leyes laborales”.

¿Eso implica que no deba debatirse sobre la relación entre el mundo laboral y la productividad y competitividad de la economía? No. Todo lo contrario. Pero esa es una decisión de la cual el TLC ni dice ni afecta en nada. De hecho, un día después del referéndum, no importa su resultado, cualquier persona podría presentar una iniciativa de ley con el propósito de aumentar en un 10% lo que se destina al INA y otro 10% a las contribuciones de la CCSS O podría ser que alguien quiera proponer eliminar las cargas sociales y el aguinaldo y todo el listado que todos conocemos. O podría ser que se proponga un debate racional, sumando esfuerzos, sin ceguera alguna. También podría ser que no pase nada y cegados por el inmovilismo, prefiramos que las cosas continuen como han marchado, vergonzosamente, en los últimos años, inmovilizados por el temor compartido.

Aunque todas las alternativas siguen abiertas con la firma del TLC, sea por productividad, por costos, por el crecimiento del sector informal, por los trabajadores o por quien sabe por cuántas otras buenas preocupaciones, ese debate debe darse, sin importar lo que suceda con el TLC. Lo que es imperdonable para la precisión, más aún la académica, es que se quiera convertir en un hecho inevitable lo que es simplemente una opción. No es correcto. La afirmación de Trejos que "de aprobarse el TLC EUCA estaríamos frente a la eliminación de la normativa que protege los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, y la total libertad para disponer libremente de la fuerza de trabajo", es falsa.

Otros críticos señalan que el mecanismo de resolución de controversias derivado de la no aplicación de la normativa laboral “urde todo un entramado procesal, largo y engorroso, en el caso de una reclamación o controversia". Urdir es sinónimo de tramar, intrigar, conspirar, fraguar, proyectar, maquinar, es decir, planear algo de mala fe. En la lógica de aquellos críticos el procedimiento para resolver este tipo de controversias es concientemente “largo y engorroso”.

El procedimiento para solucionar controversias por razones laborales (o ambientales) es, naturalmente, el mismo que se aplica para cualquier diferencia en el TLC. Un procedimiento de lo más antiguo en las negociaciones comerciales, conocido por todos y con una experiencia exitosa que, no hay nada que lo impida, podrá reproducirse en el ámbito laboral. El “síndrome del pero” es negativo; en lugar de emprender positivamente los retos prefiere adormecerlos en su gelatinoso lamentarse que se repite una y otra vez y otra y otra y otra….perdiendo de vista las oportunidades en vez de trabajar por ellas, omitiendo históricas responsabilidades propias. Se ha señalado que este procedimiento debilita la vía procesal laboral ordinaria. Ojalá que fuera así porque todos sabemos que la nuestra no sirve para nada, pero no hay nada en el TLC que la modifique (para mejorarla o empeorarla). De hecho, la Defensoría de los Habitantes señaló que el mejoramiento de la Inspección de Trabajo, el cumplimiento de los Convenios de la OIT y la reforma procesal laboral, son temas pendientes en la agenda nacional, sin TLC.

En este tema, como en muchos otros, no hay nada mejor que recordar aquello de Jean Francois Revel cuando afirmó que “sustituir la positividad se llama incompetencia, evitarla se llama ilusión”.

Derechos Laborales y TLC: del prejuicio al juicio

4 de setiembre, 2007

Algunos de los argumentos relacionados con los derechos laborales y el TCL tienen la dificultad de transformar una opinión y una posibilidad en ciencia y destino ineludible, cuando afirman que el TLC y la apertura de mercados degradan la legislación laboral, porque así lo quieren las transnacionales.

El punto de partida es presuntamente científica: los “tratados de libre comercio y otras formas de apertura de mercados generan una reversión de las leyes laborales”. A continuación respaldan su argumento, afirmando que “muchas transnacionales conciben las relaciones laborales como precarización del trabajo, el desconocimiento de los derechos de los trabajadores y las jornadas de trabajo extenuantes”. Ello implica, concluyen, por eso se oponen al TLC en esta cuestión, la “flexibilización laboral” que “en esencia intenta una reversión de las leyes laborales que hicieron a nuestro un remanso de paz social durante medio siglo”. Y también señalan “que los trabajadores costarricenses no podrían ampliar sus derechos laborales, pero el Tratado sí permite que se restrinjan esos derechos bajo las modalidades de desregulación y flexibilización”. .

¿Es inevitable que un TLC degrade la legislación laboral? No ¿Lo hace éste TLC? No. No hay en él una sola norma que modifique la legislación laboral nacional. Al contrario, desde el punto de vista de los trabajadores y de la sociedad en su conjunto, crea un nuevo instrumento internacional para garantizar que el comercio entre las partes no atente contra un conjunto de derechos básicos ¿Cuáles? El mínimo reconocido por todos en la OIT. No más, es cierto. Pero no menos.

Ees posible competir en el mercado global con bajos salarios? Sí y muchos países lo hacen. Por ejemplo: China ¿Es ese un destino ineludible? No. La investigadora de la UCR, María Eugenia Trejos, crítica del tema laboral en el TLC y una de las fuentes utilizadas para quienes toman posición negativa sobre esta cuestión, brinda un buen ejemplo, cuando señala que, frente a la creciente competencia asiática, a finales de los setentas, las "respuestas de las empresas estadounidenses descansaron en un mayor desarrollo tecnológico, la innovación en la organización del trabajo, la relocalización industrial, la subcontratación de parte de la producción, los cambios en los productos y se ajustan a preferencias particulares y se rompe con la estandarización.. Todas estas respuestas contaron con gran apoyo estatal. Es cierto que algunos países y transnacionales conciben las relaciones laborales de la terrible forma en que las describen algunos de los críticos del TLC, pero es imposible concluir que los tratados de libre comercio y la apertura de mercado generan, necesariamente, “una reversión de las leyes laborales”.

¿Eso implica que no deba debatirse sobre la relación entre el mundo laboral y la productividad y competitividad de la economía? No. Todo lo contrario. Pero esa es una decisión de la cual el TLC ni dice ni afecta en nada. De hecho, un día después del referéndum, no importa su resultado, cualquier persona podría presentar una iniciativa de ley con el propósito de aumentar en un 10% lo que se destina al INA y otro 10% a las contribuciones de la CCSS O podría ser que alguien quiera proponer eliminar las cargas sociales y el aguinaldo y todo el listado que todos conocemos. O podría ser que se proponga un debate racional, sumando esfuerzos, sin ceguera alguna. También podría ser que no pase nada y cegados por el inmovilismo, prefiramos que las cosas continuen como han marchado, vergonzosamente, en los últimos años, inmovilizados por el temor compartido.

Aunque todas las alternativas siguen abiertas con la firma del TLC, sea por productividad, por costos, por el crecimiento del sector informal, por los trabajadores o por quien sabe por cuántas otras buenas preocupaciones, ese debate debe darse, sin importar lo que suceda con el TLC. Lo que es imperdonable para la precisión, más aún la académica, es que se quiera convertir en un hecho inevitable lo que es simplemente una opción. No es correcto. La afirmación de Trejos que "de aprobarse el TLC EUCA estaríamos frente a la eliminación de la normativa que protege los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, y la total libertad para disponer libremente de la fuerza de trabajo", es falsa.

Otros críticos señalan que el mecanismo de resolución de controversias derivado de la no aplicación de la normativa laboral “urde todo un entramado procesal, largo y engorroso, en el caso de una reclamación o controversia". Urdir es sinónimo de tramar, intrigar, conspirar, fraguar, proyectar, maquinar, es decir, planear algo de mala fe. En la lógica de aquellos críticos el procedimiento para resolver este tipo de controversias es concientemente “largo y engorroso”.

El procedimiento para solucionar controversias por razones laborales (o ambientales) es, naturalmente, el mismo que se aplica para cualquier diferencia en el TLC. Un procedimiento de lo más antiguo en las negociaciones comerciales, conocido por todos y con una experiencia exitosa que, no hay nada que lo impida, podrá reproducirse en el ámbito laboral. El “síndrome del pero” es negativo; en lugar de emprender positivamente los retos prefiere adormecerlos en su gelatinoso lamentarse que se repite una y otra vez y otra y otra y otra….perdiendo de vista las oportunidades en vez de trabajar por ellas, omitiendo históricas responsabilidades propias. Se ha señalado que este procedimiento debilita la vía procesal laboral ordinaria. Ojalá que fuera así porque todos sabemos que la nuestra no sirve para nada, pero no hay nada en el TLC que la modifique (para mejorarla o empeorarla). De hecho, la Defensoría de los Habitantes señaló que el mejoramiento de la Inspección de Trabajo, el cumplimiento de los Convenios de la OIT y la reforma procesal laboral, son temas pendientes en la agenda nacional, sin TLC.

En este tema, como en muchos otros, no hay nada mejor que recordar aquello de Jean Francois Revel cuando afirmó que “sustituir la positividad se llama incompetencia, evitarla se llama ilusión”.

Relaciones Laborales y Comercio: un atraso de 13 años

Relaciones Laborales y Comercio: un atraso de 13 años

26 de juio, 2007

Walter Farah C.

Una de las preocupaciones de quienes se oponen al tlc son las consecuencias, algunas de ellas, afirman, inevitablemente negativas, que tendrá en la seguridad social, empleo y derechos laborales. Con respecto a éstos últimos, la primera inquietud que surge sobre su relación con el tlc es su conveniencia, es decir, si es necesario que las negociaciones comerciales incluyan el llamado ‘tema laboral’. No todos están de acuerdo, dada la preocupación por la supranacionalidad de las normas que imponen los acuerdos comerciales, de tal forma que, en el tema laboral –pero no exclusivamente, argumentan, se impediría a Costa Rica realizar reformas a su legislación y, de hacerlo, sería para "degradarla", es decir, suponen, deteriorando los tradicionales derechos laborales costarricenses.

Es cierto que los acuerdos comerciales traen consigo una modificación de los marcos jurídicos nacionales, normalmente disminuyendo su importancia relativa pero, dadas las características de la sociedad contemporánea, también lo es su necesidad, tal como lo evidencia la existencia de normas supranacionales en materia de derechos laborales, salud, telecomunicaciones, derechos humanos, propiedad intelectual, inversiones, ambiente, corrupción, terrorismo, entre otras que, por igual han modificado nuestra legislación.

La transición hacia este nuevo modelo de relaciones jurídicas no es fácil pero es ineludible, no porque lo imponga un tlc sino porque nuestro viejo modelo de desarrollo ha variado por completo, dejando atrás, como hubieran dicho los especialistas de los noventas, la vieja sustitución de importaciones (MSI), con su mercado altamente protegido y con la participación activa estatal en las relaciones entre los sujetos. Hoy, en cambio, nuestra economía se encuentra inserta y expuesta en el mercado internacional, nuestras empresas –pequeñas, medianas y grandes; nacionales o no, sociedades anónimas o de la economía social, todas, enfrentan la competencia global y la redefinición del papel del estado.

La inclusión del tema laboral en las negociaciones comerciales es un paso adelante, que puede no comprenderse si la memoria es flaca. Solo basta recordar que el sector privado costarricense históricamente siempre se opuso a ella. Como lo describe el Estado de la Nación, la inclusión del tema laboral en la negociación del tlc, nació de la “instrucción explícita de incluir esos asuntos en las negociaciones de tratados de libre comercio, que el Gobierno de los Estados Unidos recibió de su Congreso a través de la Autoridad de Promoción Comercial (TPA, por su sigla en inglés)”, derivada posiblemente, de las presiones hechas por la Central Sindical AFL-CIO estadounidense. Sin embargo, desde la perspectiva laboral costarricense, a propósito del tlc entre Costa Rica y México, en 1994, hace ya trece años, la relación entre normas laborales y tratados comerciales fue abordada por el fallecido docente, investigador, uno de los mejores laboralistas de nuestro país y extraordinaria persona, Mario Blanco Vado, pionero en el análisis de este tipo de temas e integrante activo de la ANEP de aquellos años.

Al revisar la enorme cantidad de documentos, informes y posiciones emitidas desde el No, sorprende que los problemas laborales asociados a una economía global sean una especie de cosa recién descubierta, sin mayor antecedente, sorprendiendo también la ineficiencia del liderazgo laboral costarricense quien, durante todo este tiempo, pudo propiciar un mayor espacio para el abordaje integral de este tipo de problemas pero no lo hizo o, si lo intentó, no lo logró, porque aunque las posibilidades políticas internas nunca lo hubieren permitido, las de la OIT siempre estuvieron abiertas y tampoco ahí se impulsó el análisis entre libre comercio y derechos laborales, a pesar que los representantes sindicales, en compañía de los empresariales, no han dejado de acudir, regularmente, a las muy hermosas tierras europeas, en representación de todos nosotros, usualmente en un ambiente, para decirlo platónicamente, de “ocio creador” y, a pesar que, gracias al trabajo pionero de Blanco Vado, siempre han contado con suficientes elementos de juicio para estar a la ‘altura de los tiempos’.

Durante la Administración Calderón Fournier, en marzo de 1994, México y Costa Rica anunciaron la finalización de negociaciones de un tratado de libre comercio. En julio de ese mismo año, en medio del debate legislativo respectivo, Blanco Vado escribió el trabajo “El Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y México. Apuntes sobre su impacto en el ámbito laboral”, editado posteriormente, en 1995, por la Fundación Friedrich Ebert, donde se ocupó de “la relación que existe entre el comercio internacional y el mercado de trabajo” y se refirió a “algunas de las consecuencias del acuerdo comercial para el mundo del trabajo y en especial para las relaciones laborales en el marco de la actual legislación laboral”, requiriendo la participación de las organizaciones laborales en la necesaria revisión de la normativa laboral costarricense.

Para entonces este tema era completamente nuevo pero la lucidez de Blanco Vado se reflejó tanto en el conjunto de problemas que abordó, la forma en que los estudió y la profundidad con que lo hizo, muy pero muy distantes de los planteamientos, abordajes y profundidades, de quienes, hoy, en principio, debieran ser sus herederos naturales pero que poco o nada hicieron por transitar en las vertientes abiertas por Mario Blanco. Y no es que Blanco Vado fuera complaciente en el análisis. Al contrario. Por ejemplo, critica la decisión del gobierno de entonces por optar por una negociación aislada del resto de países centroamericanos, denunciando su “carácter excluyente o segregacionista respecto de los restantes países centroamericanos”, haciendo “prevalecer -exclusivamente- los intereses inmediatos y de corto plazo de los sectores empresariales del país por sobre los intereses de largo plazo tanto nacionales como de los restantes países centroamericanos. A pesar de que se reconocen distintos caminos para participar en el comercio internacional en esta etapa la política nacional se orienta claramente hacia la bilateralidad”, afirmó Blanco.

Aunque la tesis segregacionista fue corregida en nuestra política comercial posterior, al punto que la negociación del tlc no solo fue abordada por cinco países centroamericanos sino también por República Dominicana, llama la atención que algunos opositores al tlc insistan en renegociaciones comerciales bilaterales (Costa Rica-Estados Unidos) que, a criterio de Blanco Vado, ya hace trece años, no son más que “un duro revés a las tendencias de integración de un bloque común de Centroamérica frente al resto del mundo”.

Sobresale del planteamiento de Mario Blanco, en comparación con los argumentos de hoy, su constructiva intención dirigida a crear un espacio común, al interior de la sociedad costarricense, para consensuar el debate sobre cambios que ya, en aquel entonces, se percibían como necesarios, como sería el abordar, por ejemplo, el problema de cómo enfrentar, empresarios y trabajadores, el hecho de “una mayor flexibilidad en la producción, en la empresa misma, y en las mismas relaciones laborales”.

De acuerdo a Blanco, el impacto de la creciente competitividad global enfrenta a las empresas a requerir de una mayor flexibilidad laboral asociada a los aspectos individuales de las relaciones laborales, por lo que favorecen una “base normativa para la consolidación de una serie de nuevas modalidades productiva”, adquiriendo “importancia los conceptos de trabajador polifuncional y de los equipos de producción, ambos sustitutivos de la tradicional producción en línea; acompañados por un reclamo para el establecimiento de las modalidades de contratación a tiempo definido, a tiempo parcial y similares, hasta ahora excepcionales en nuestra legislación”.

Nótese como Blanco Vado aborda el problema de la “flexibilidad laboral” como factor de competencia, reconoce sus impactos en el proceso productivo e incluso está dispuesto a debatir estos temas y su relación con la legislación laboral, siempre que, en ese debate, participen las organizaciones de trabajadores, porque ”no será aceptable para los trabajadores ni para las organizaciones sindicales mientras persista en una definición unilateral y se produzca fuera del ámbito de la negociación colectiva”.

Es impresionante la cantidad de sábanas de papeles llenas de interpretaciones y críticas sobre el tlc y las relaciones laborales. Se requiere paciencia para separar los verdaderos problemas de los falsos, la reiteración de argumentos de los argumentos de fondo. Lo malo es que, malos o buenos, reiterados o no, parece que a pocos importa; todo sea para ganar, no importa responsabilidades, ignorancia, mala fe o mala memoria.

TLC y Representación Laboral

TLC y Representación Laboral

11 de agosto, 2007

Walter Farah C.

Uno de los argumentos mencionados para oponerse al TLC, por sus efectos en el mundo laboral, es aquel que señala que, de aprobarse la institucionalidad incluida en el texto acordado, se verían seriamente amenazadas la representación de los trabajadores y la llamada representación tripartita tradicional (gobierno, trabajadores y empresarios).

Afirman, quienes se oponen al TLC, que el “Consejo de Asuntos Laborales creado al amparo del TLC, sería el encargado de velar por el cumplimiento de su articulado en esta materia, solo que en su constitución se daría espacio exclusivamente a representación ministerial, con ausencia de representantes del sector laboral”, señalando que “esta situación no se corresponde ni con la representación sectorial tripartita establecida en la OIT, menos con los esfuerzos por establecer estructuras permanentes de diálogo al amparo de esa organización, caso de los Consejos Superiores de Trabajo”. Así que “el tema crea inmediata suspicacia entre los sectores sociales, por la forma en que se concibe el seguimiento de los aspectos laborales del Tratado”

¿Puede una suspicacia generar tanto alboroto? Cualquiera que someramente conozca la historia de las representaciones laborales y empresariales en Costa Rica certificará la inutilidad y burocratización del modelo que, paradójicamente, hoy, algunos defienden con pasión desbordada. Las propias organizaciones sindicales han denunciado permanentemente la incompetencia del Consejo de Salarios, ni que decir del Consejo Superior de Trabajo y por ello sorprende tanta galimatía sobre este tema.

El TLC crea un Consejo de Asuntos Laborales integrado por representantes de cada uno de los países. Prescribe que “dentro de cada Ministerio de Trabajo existirá una unidad que servirá de apoyo de contacto con las otras partes y con el público, con el fin de llevar a cabo las labores del Consejo”. Además, cada país “podrá crear un Comité Nacional de Trabajo Consultivo o Asesor, o consultar uno ya existente, integrado por miembros de su sociedad, incluyendo representantes de sus organizaciones de trabajadores y de empresarios”.

Se entiende perfectamente que el Consejo de Asuntos Laborales del TLC solo se integre con representantes nacionales, no sectoriales, dado que es un órgano que reúne la visión de seis países diferentes que, como sabemos, es mucho más compleja que los unilaterales puntos de vista, sindicales o empresariales, que tienden a transformar sus propias visiones en las de todos los demás. Si estamos de acuerdo en que la posición de Costa Rica, en ese Consejo, debe ser resultado de un proceso interno de consulta y debate, con los distintos actores involucrados en el comercio exterior, entonces también lo estaremos en impedir que, posteriormente, algunos de ellos, con su propio y exclusivo fardo de intereses, nos representen a todos.

Por otra parte, llama mucho la atención que aquellos críticos omitan la importancia de la creación de una Unidad dentro del Ministerio de Trabajo, para la atención de los asuntos relacionados con los temas laborales y el TLC. De hecho, puede afirmarse que, en los últimos veinte años, ha sido la decisión más importante que se haya tomado para la vigilancia de los derechos de los trabajadores de nuestro país. A algunos les parecerá insuficiente pero, dados los antecedentes, no hay manera de ocultar su importancia en el desarrollo de la agenda laboral costarricense, a pesar que la dirigencia empresarial se opuso y que la sindical no hizo nada por merecerla. Por supuesto que, conociendo la cultura que priva en el sector público, es necesario inquietarse sobre si dicha oficina y sus funcionarios estarán a la altura de las circunstancias, pero ese, en efecto, es otro tipo de problema.

Los críticos de las cuestiones institucionales del Capítulo Laboral del TLC también reprochan el abandono del esquema tripartito tradicional, es decir, trabajadores, empresarios y gobierno, en la constitución del "Comité Nacional de Trabajo Consultivo o Asesor". Parece como si vivieran aún en el viejo siglo XIX, donde el obrerismo tendía a cubrirlo todo y olviden que la composición social alrededor del aparato productivo hoy es mucho más compleja que hace dos siglos. De mantenerse el esquema tripartito, la economía social, por ejemplo el cooperativismo, quedaría completamente excluida de cualquier participación.

Pero sorprende mucho más este planteamiento, porque han sido las mismas organizaciones que hoy defienden el esquema tripartito, en el marco del TLC, quienes impulsaron, en conjunto con los empresarios (desde el envión inicial de lo que se llamó “Tercera República”) un “Consejo Económico Social”, conformado por los sectores empresarial, laboral y de la economía social, donde se incluirían cooperativas, asociaciones de productores, movimientos solidaristas y academias, que contó con la colaboración del Consejo Económico Social de España, viaje incluido de algunos de nuestros diputados para conocer la experiencia de aquel país -en noviembre del 2002 y que hoy, como proyecto de ley, pulula en la agenda de la Asamblea Legislativa.

Lo cierto es que el “tripartismo” no es más que una reliquia del pasado que no refleja en nada lo que hoy sucede, excepto, claro, que permite, a unos pocos, figurar en la lista de espera para asistir a los magnos eventos de la OIT y, en los medios de prensa, bajo un delirio de grandeza representativa autoconcedida que casi siempre acompaña a quienes se sienten redentores de todos los demás.

Ampliar la base de consulta a la sociedad civil en su conjunto y no dejarla, exclusivamente, a gremialistas-burócratas, empresariales o sindicalistas, es un triunfo para todos, aunque, para ser honesto, eso de "representatividad", cualquiera, no solo la tripartita, a estas alturas, no deja de sonarme como una enorme arbitrariedad. Para los que han hecho de sus vidas meras órbitas alrededor del TLC, esténse tranquilos, sean felices con su representación. A mí, déjenme de este otro lado: el de los que no quieren ser representados.

Apocalipsis Now

Apocalipsis Now

15 de juio, 2007

En medio del más nefasto maniqueísmo, nos aproximamos al Día del Juicio Final. El próximo domingo 7 de octubre, según casi todos, cada quién deberá rendir cuentas sobre sus buenas o malas obras. Lo peor, sin embargo, es que casi todos lo testimonian Desde el milagroso argumento de la creación de empleos cual maná teleciano, hasta los inmortales huesos y órganos de los antitelecianos. Es como si se tratara de una especie de resaca de la guerra fría, donde nadie escucha las tonterías que le dice el otro, mientras que no deja de hablar sus propias tonterías.

Es absolutamente ridículo este ambiente cargado de odio que acompaña el debate sobre el TLC, por ausencia de cultura democrática, con el terrible dolor que causa afirmarlo, conociendo nuestras raíces históricas.

Sobre el TLC existen argumentos, a favor o en contra, de todo tipo. Buenos, malos, consistentes, contradictorios, ridículos, tontos, exagerados y alrededor de cada uno de ellos se reunen doctos de la misma manera que en la Asamblea Legislativa, a propósito de eso de ser diputados, todos, por un día, el 7 de octubre, el día del Juicio Final.

Siempre, de todos los argumentos, se aprende; al menos, en cada uno de ellos, hay una preocupación real sobre el presente y futuro, Pero en el debate, cada argumento va ocupando el lugar que se merece. Algunos se desechan porque parten de un problema inexistente o de una tesis falsa. Otros, porque son formalmente ilógicos o porque no pueden confirmarse empíricamente o por ausencia de relación. Al final, sobreviven los argumentos principales de cada posición, su 'núcleo duro'.

Pero es extraño. En el debate sobre el TLC ocurre justamente lo contrario. En lugar de disminuir, aumentan los argumentos; no se simplifican, se vuelven más complejos; es como si la vieja casa ocupada cortazariana renaciera en medio de las cenizas del olvido, lo fuera tomando todo, incluso el sentido común, tan fantásticamente como viejos conocidos, amigos, doctos todos ellos, se transforman en nuevos enemigos, en un ambiente sorprendentemente refrigerado.

Pero también es extraña, entre los doctos, esta orgía de renacida autoritaria grandeza intelectual, tan platónicamente peligrosa, que nos inunda diariamente, acompañada de una dosis de oportunismo personal que la sacraliza, peligrosamente, sin que exista la mínima conciencia sobre responsabilidades futuras. Todos afirman la Verdad Absoluta; levantan sus manos, agitan su verbo y claman su fe, declarada universalmente la Unica, para cada uno de ellos, en medio de un sordo griterío que conduce, inevitablemente, a las cenizas de nuestra historia.

Llegar al 7 de octubre en medio de este clima, no prevé ninguna cosa buena para nadie. Y si el debate sobre el TLC se conduce bajo arenas tan movedizas, entonces, a "esta misma manera tomó por su cuenta Teseo castigar á los malvados, haciéndoles sufrir las mismas violencias que practicaban, y la pena de sus injusticias por los mismos medios de que se valían", como relató Plutarco en sus Vidas Paralelas.

Otra Vez TLC

En abril del 2005, en medio de otros avatares, había escrito sobre el TLC. Coviene actualizar argumentos. Recuérdese que, liberales por definición, creemos que del intercambio racional y crítico de las ideas, surgen buenos, deseables y posibles acuerdos. Reconocemos que no siempre llevamos la razón y siempre estamos abiertos a corregir nuestras posiciones, si se nos demuestra, racional y críticamene, lo contrario.

Por supuesto, hay algunas cosas que son casi de principio. Por ejemplo, que las economías abiertas son más productivas y proveen más oportunidades. Pero, dado que no creemos en dogmas, aún ese “principio” no tendríamos objeción de rechazarlo, siempre y cuando se demostrase lo contrario. Es decir, que las economías cerradas son más productivas y proveen más oportunidades que las abiertas.

Eso es lo que explica que estemos a favor del TLC o de cualquier otro instrumento, comercial o no, que favorezca una economía abierta. Ahora bien, es normal que, en una sociedad democrática, un tratado de libre comercio específico, como el TLC, sea objeto de debate particular. En ese debate, defendemos la aprobación del TLC, pero lo hacemos desde nuestra propia perspectiva. No de ninguna otra. Algunos ejemplos son convenientes.

Se sabe que es falso el argumento que rechaza la aprobación del TLC señalando que no contempla los intereses del sector agrícola. Esa posición olvida que lo acordado incluye normas sobre los llamados productos sensibles, períodos de protección y otros temas relacionados. Sabemos que lo negociado, de casi todos los productos, refleja las condiciones que los propios productores solicitaron. El caso del arroz es diferente. Es cierto que existe un sector nacional del arroz, pero ni es tan democrático en su participación de la propiedad ni tan estrictamente agrícola. Además, se olvida que, desde la fecha de aprobación del TLC, el sector arrocero tendrá tiempo suficiente para adaptarse. Si, durante esa transición, no termina siendo competitivo en una economía abierta y fracasan como productores e industriales, pues eso hablará mal de ellos como empresarios. No del TLC. De cualquier manera, como se sabe, con o sin TLC, los libertarios favorecemos la revisión de ese sector.

Ahora bien, reconocemos que, en el nuevo contexto, el sector agrícola enfrentará desafíos y es de responsabilidad llamar la atención sobre esa cuestión que, en ningún caso, puede considerarse reciente el debate sobre ella. Tampoco es nueva la irresponsabilidad con que se ha abordado. Basta recordar que, desde el 2003, el entonces Ministro de Agricultura anunció la elaboración e implementación de medidas para enfrentar esos desafíos. Nos quedamos esperando. Por esa razón, dado que apoyamos lo negociado, también creemos necesario llamar la atención acerca de la importancia de medidas complementarias, que contemple ese tipo de retos. Más aún porque también hablamos de desarrollo rural. Por supuesto, es el Gobierno, y nadie más, quien tiene el deber de la iniciativa.

El caso de seguros es otro ejemplo. No conocemos argumentos serios que respalden la tesis de mantener el monopolio. Es frecuente escuchar que la apertura acabará con la supuesta naturaleza social del monopolio, pero no conozco ningún argumento serio que respalde esa posición y, dada la complejidad de la materia, no sorprende tanta simplificación. Lo cierto del caso es que el INS ha fracasado en su propósito de generar una cultura del seguro y, el mercado, a pesar de la condición monopólica estatal, es poco profundo en seguros tan importantes como los personales. Tampoco ha contribuido con el desarrollo productivo, a través de la inversión de sus reservas; al contrario, ha terminado financiando gasto público ordinario. Se menciona que la apertura afectaría el carácter social del seguro de riesgos del trabajo, pero quien lo afirma desconoce su naturaleza técnica. Se afirma que se mantiene la vigencia del argumento que justificó la creación del monopolio para evitar la fuga de capitales, pero se desconoce el papel de las reservas técnicas, el margen de solvencia y sus inversiones.

Pero ello no implica dejar la seriedad en la normativa legal que respalde la apertura. Un mercado abierto de seguros requiere normas claras, en beneficio de los agentes del mercado y asegurados. Precisa claridad en la normativa sobre inversiones. Necesita de un órgano regulador especializado, técnico e independiente. Llamar la atención sobre esos detalles, es ejemplo de responsabilidad. No de otra cosa. Y, por supuesto, es del Gobierno que se espera lo que corresponde.
Hay muchos otros ejemplos. En cualquier, como sabemos, como la normativa lo precisa, la Asamblea Legislativa debe aprobar o rechazar el Tratado. El Gobierno asumir su responsabilidad. Todo como Dios manda.

Propiedad Intelectual y TLC

Ya en abril del 2005, había escrito un par de artículos sobre el TLC y recientemente me concentré en el tema de los seguros. Me refiero, ahora, a las oposiciones al Tratado por razones asociadas al Capítulo Quince sobre Propiedad Intelectual. Aunque lo pactado incluye referencias a una gran cantidad de temas, en general, son de dos tipos los argumentos de quienes se oponen. Uno de ellos proviene de un grupo de interés, los laboratorios de genéricos. El otro de aquellos que consideran que las medidas adoptadas ponen en peligro la salud pública. En el primer caso, estamos frente a un debate de mercado. En el segundo, de política pública; aunque un error común de quienes argumentan motivos de salud pública, para oponerse al TLC, es creer que los argumentos de los laboratorios de genéricos también son validos para sus propias posiciones.
El debate sobre PI inició en el mismo proceso de negociación del Tratado, cuando Estados Unidos hizo públicas sus propuestas originales en la II Ronda de Negociación, celebrada en Cincinati en febrero del 2003. En efecto, Estados Unidos propuso: a) patentar métodos quirúrgicos, terapéuticos y de diagnóstico; b) patentar seres vivos (plantas y animales); c) incluir patentes de segundo uso; d) prohibición de importaciones paralelas; e) restricción de excepciones a los derechos de patentes; f) restricción en el uso de licencias obligatorias; g) aumentar los plazos de vigencia de las patentes por atrasos administrativos y acumulación de otras protecciones; h) ampliar el plazo de la patente, si se genera información nueva; y i) establecer plazos de protección para datos de prueba (5 años para medicamentos y 10 para agroquímicos).

Técnicamente, la propuesta de Estados Unidos, en febrero del 2003, fue una combinación de normas ADPIC y ADPIC-plus. Ahí nace la oposición inicial, tanto de quienes representan intereses particulares como de aquellos preocupados por la salud pública y la CCSS. En el camino, se mimetizaron los argumentos de unos y de otros y, se identificaron, ante la opinión pública, como "defensa de la seguridad social".

El resultado final del TLC fue completamente diferente, aún más como resultado del "Entendimiento Relativo a Algunas Medidas de Salud Pública", firmado por los integrantes del Tratado. Hoy sabemos que el TLC no incluye A), C), D), E), F), H). En suma, excluye todo aquello que hubiera limitado la gestión de la salud pública o, lo que es lo mismo, en materia de salud pública, el TLC no es un ADPIC-plus. Las razones de quienes se oponían al TLC, por su preocupación en torno a la salud pública, han desaparecido. Los acuerdos relacionados con patentes y protección de datos de datos de prueba (-G- e -I-) merecen un tratamiento diferenciado, al igual que B). Volveré a ellos más adelante.

Un argumento adicional, para oponerse, ha surgido con la firma del TLC: no se trata de la aprobación de un tratado sino de diez, pero quienes lo defienden son omisos en su argumentación. De los presuntos diez, el TLC establece un compromiso de los gobiernos por realizar "esfuerzos razonables" para aprobar tres: el Tratado sobre el Derecho de Patentes, el Arreglo de la Haya sobre el Depósito Internacional de Diseños Industriales y el Protocolo al Arreglo de Madrid sobre el Registro Internacional de Marcas. De los siete restantes, cuatro ya fueron ratificados por Costa Rica: el Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor; el Tratado OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas, el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes y el Convenio sobre la Distribución de Señales de Satélite Portadoras de Programas. En la práctica, el TLC llama a ratificar, a Costa Rica, tres tratados: el Tratado sobre el Derecho de Marcas; el Tratado de Budapest sobre Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos y el Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales. Vale decir que ninguno de los tres va más allá de la normativa vigente de la OMC y, desde 1994, existe un compromiso de nuestro país para ratificarlos.

Volvamos a los argumentos de quienes se oponen, señalando razones derivadas de los acuerdos tomados con relación al período de protección de patentes -G-. Es falso que se amplía el plazo de veinte años de la patente. Es verdadero que se incorporan, en el TLC, dos situaciones que pueden derivar, aunque no necesariamente, en la ampliación del período de la patente, ambas, relacionadas con la mala gestión de la administración pública. Uno de los casos es aquella situación donde se presente un atraso injustificado en el otorgamiento de la patente (G-1). El otro, en caso de un atraso injustificado en la aprobación de la comercialización de productos farmacéuticos (G-2). Para el caso de G-1, en Costa Rica, el plazo promedio para el otorgamiento de una patente es de tres años que, además, es el período fijado en el TLC. En el Tratado no se establece el período de compensación, que deberá ser fijado por legislación interna. Vale reiterar que, en el caso de productos farmaceúticos, en Costa Rica, nunca se ha otorgado una patente. Para el caso de G-2 no se estableció ninguna condición, por lo que su desarrollo es privativo de legislación interna. Ni G-1 ni G-2 van más allá de ADPIC; al contrario, son normas que desarrollan sus principios.

Con relación a lo aprobado en el TLC, sobre la protección de los datos de prueba -I-, es falso que esta normativa pueda ser considerada como ADPIC-plus. El período de protección se encuentra previsto en ADPIC. A falta de legislación interna, el TLC precisa ese período que, por lo demás, es el mismo que se utiliza en otros países. Los productores de genéricos farmacéuticos son los que mayormente se han opuesto a esta medida, señalando que con la protección de los datos de prueba se pretende ampliar el monopolio más allá de 20 años de protección otorgados por las patentes. El argumento es falso "La protección de los datos de prueba no tiene el objeto de extender las patentes, sino evitar la competencia desleal. Estos datos constituyen un secreto industrial que se presenta a las autoridades de un país con el objeto de obtener autorización para comercializar un medicamento. Esto normalmente sucede cuando quedan aún 8 o 10 años de vigencia de la respectiva patente, por lo que esta protección expira antes que la patente”.

Conceptualmente, la protección de los datos de prueba, “evita que otros usen la información durante los primeros cinco años luego de que se apruebe el registro sanitario. Con la protección se evitan las prácticas desleales de comercio que se dan cuando los que copian usan toda esa información que es algo así como ‘la receta del original’ sin gastar en investigar curas nuevas”. Es cierto que esta protección modifica los términos del mercado de los medicamentos, pero esa consecuencia se deriva de ADPIC, no del TLC. En realidad, los productores de genéricos hace mucho perdieron esa batalla. Una batalla que, en términos de propiedad intelectual, es justo que la pierdan. No puede justificarse que, sin más, una inversión de millones de dólares en investigación para el desarrollo de un nuevo producto, simplemente sea utilizada por un tercero, en su propio beneficio, sin ningún esfuerzo más que utilizar los datos de prueba, propiedad del desarrollador original.
Los productores de genéricos han querido presentar lo acordado en el TLC, sobre los datos de prueba, como un ataque sobre la política de medicamentos de la CCSS, proveniente de las empresas de productos nuevos. Parece que están muy interesados en nuestra seguridad social y en la salud de los costarricenses. Sin embargo, hasta ahora, los productores de genéricos se han aprovechado de la falta de protección de los datos de prueba para entrar al mercado de medicamentos, sin pena y sin sonrojarse. Tómese en cuenta que, entre el desarrollo y el ingreso de un producto al mercado, se invierten millones de dólares y años de investigación. Dado que el producto se debe patentar cuando está en investigación y no a la venta, los productores de genéricos quieren ser competitivos a costa de la factura de los productores originales. Desde el punto de vista de I+D, los productores genéricos no aportan nada al desarrollo de la salud y quienes señalan que los genéricos son el futuro de la salud, se equivocan. La investigación propia es el camino.
Ahora bien, más allá de los productores de genéricos ¿cuál es el impacto de los cinco de años de protección de los datos de prueba en la política de medicamentos de la CCSS? De los $200 millones de medicamentos que, al año, se venden en Costa Rica, aproximadamente el 38% lo compra la CCSS. De su presupuesto total de compras de medicamentos, aproximadamente, un 33% se destina a medicamentos originales y un 67% a genéricos. Hay quienes argumentan que la limitación impuesta a los productores genéricos para que respeten los datos de prueba, durante cinco años desde la fecha de comercialización, incrementará el presupuesto de la CCSS. Falso. En primer lugar, por razones obvias, independientemente de la aprobación de los cinco años de protección, el cuadro básico de medicamentos de la CCSS, vigente en el momento de la aprobación, no sufrirá ninguna consecuencia.
En segundo lugar, con relación a la incorporación de nuevos medicamentos, el sentido común y la experiencia institucional evidencian que, de existir algún tipo de consecuencia financiera, la misma está muy lejos de los apocalípticos anuncios de algunos. Históricamente, la entrada de productos, en el Cuadro Básico de Medicamentos de la CCSS, se reduce a unos diez por año. En el 2003, fueron diecisiete. De ellos, de estar vigente la norma en ese año, solo siete hubieran tenido la protección de los datos de prueba, pero resulta que ninguno de ellos fue adquirido por la CCSS a un proveedor de productos genéricos. Existe una buena razón para que la prioridad en la atención de medicamentos nuevos siempre la tengan los productores originales: son los únicos que han investigado y realizado pruebas clínicas.

Se entiende la preocupación por la politica de medicamentos de la CCSS. Pero es curioso cómo, quienes se preocupan por este tema a propósito del TLC, no hayan hecho nada para denunciar y corregir los diversos males que han caracterizado esa política, a lo largo de los años, sin Tratado. Sobreprecios en la compra de medicamentos debido al sistema de contratación utilizado; medicamentos vencidos o con indebido almacenaje; faltantes de medicamentos e inscripción de medicamentos genéricos, sin estudios de bioequivalencia.

Molesta que los representantes cooperativo y sindical en la Junta Directiva de la CCSS, se hayan pronunciado en contra del TLC con malos argumentos, proyectando una preocupación que, de haber sido honesta, hace mucho tiempo debieron trasladar a la resolución de aquellos problemas de los que, en virtud de su posición institucional, son responsables de que hayan ocurrido. Resulta que tienen tiempo para escribir desinformados pronunciamientos en contra del TLC, pero no lo han tenido para hacer un alto en los inconvenientes presentados con la política de medicamentos de la CCSS. Dicen defender a los asegurados mientras los asegurados han salido perjudicados, sin TLC.

Otros artículos relacionados con el TLC
Debate sobre el TLC: 1
Debate sobre el TLC: 2
TLC y CCSS-1: seguros
TLC y CCSS-2: seguros