En abril del 2005, en medio de otros avatares, había escrito sobre el TLC. Coviene actualizar argumentos. Recuérdese que, liberales por definición, creemos que del intercambio racional y crítico de las ideas, surgen buenos, deseables y posibles acuerdos. Reconocemos que no siempre llevamos la razón y siempre estamos abiertos a corregir nuestras posiciones, si se nos demuestra, racional y críticamene, lo contrario.
Por supuesto, hay algunas cosas que son casi de principio. Por ejemplo, que las economías abiertas son más productivas y proveen más oportunidades. Pero, dado que no creemos en dogmas, aún ese “principio” no tendríamos objeción de rechazarlo, siempre y cuando se demostrase lo contrario. Es decir, que las economías cerradas son más productivas y proveen más oportunidades que las abiertas.
Eso es lo que explica que estemos a favor del TLC o de cualquier otro instrumento, comercial o no, que favorezca una economía abierta. Ahora bien, es normal que, en una sociedad democrática, un tratado de libre comercio específico, como el TLC, sea objeto de debate particular. En ese debate, defendemos la aprobación del TLC, pero lo hacemos desde nuestra propia perspectiva. No de ninguna otra. Algunos ejemplos son convenientes.
Se sabe que es falso el argumento que rechaza la aprobación del TLC señalando que no contempla los intereses del sector agrícola. Esa posición olvida que lo acordado incluye normas sobre los llamados productos sensibles, períodos de protección y otros temas relacionados. Sabemos que lo negociado, de casi todos los productos, refleja las condiciones que los propios productores solicitaron. El caso del arroz es diferente. Es cierto que existe un sector nacional del arroz, pero ni es tan democrático en su participación de la propiedad ni tan estrictamente agrícola. Además, se olvida que, desde la fecha de aprobación del TLC, el sector arrocero tendrá tiempo suficiente para adaptarse. Si, durante esa transición, no termina siendo competitivo en una economía abierta y fracasan como productores e industriales, pues eso hablará mal de ellos como empresarios. No del TLC. De cualquier manera, como se sabe, con o sin TLC, los libertarios favorecemos la revisión de ese sector.
Ahora bien, reconocemos que, en el nuevo contexto, el sector agrícola enfrentará desafíos y es de responsabilidad llamar la atención sobre esa cuestión que, en ningún caso, puede considerarse reciente el debate sobre ella. Tampoco es nueva la irresponsabilidad con que se ha abordado. Basta recordar que, desde el 2003, el entonces Ministro de Agricultura anunció la elaboración e implementación de medidas para enfrentar esos desafíos. Nos quedamos esperando. Por esa razón, dado que apoyamos lo negociado, también creemos necesario llamar la atención acerca de la importancia de medidas complementarias, que contemple ese tipo de retos. Más aún porque también hablamos de desarrollo rural. Por supuesto, es el Gobierno, y nadie más, quien tiene el deber de la iniciativa.
El caso de seguros es otro ejemplo. No conocemos argumentos serios que respalden la tesis de mantener el monopolio. Es frecuente escuchar que la apertura acabará con la supuesta naturaleza social del monopolio, pero no conozco ningún argumento serio que respalde esa posición y, dada la complejidad de la materia, no sorprende tanta simplificación. Lo cierto del caso es que el INS ha fracasado en su propósito de generar una cultura del seguro y, el mercado, a pesar de la condición monopólica estatal, es poco profundo en seguros tan importantes como los personales. Tampoco ha contribuido con el desarrollo productivo, a través de la inversión de sus reservas; al contrario, ha terminado financiando gasto público ordinario. Se menciona que la apertura afectaría el carácter social del seguro de riesgos del trabajo, pero quien lo afirma desconoce su naturaleza técnica. Se afirma que se mantiene la vigencia del argumento que justificó la creación del monopolio para evitar la fuga de capitales, pero se desconoce el papel de las reservas técnicas, el margen de solvencia y sus inversiones.
Pero ello no implica dejar la seriedad en la normativa legal que respalde la apertura. Un mercado abierto de seguros requiere normas claras, en beneficio de los agentes del mercado y asegurados. Precisa claridad en la normativa sobre inversiones. Necesita de un órgano regulador especializado, técnico e independiente. Llamar la atención sobre esos detalles, es ejemplo de responsabilidad. No de otra cosa. Y, por supuesto, es del Gobierno que se espera lo que corresponde.
Hay muchos otros ejemplos. En cualquier, como sabemos, como la normativa lo precisa, la Asamblea Legislativa debe aprobar o rechazar el Tratado. El Gobierno asumir su responsabilidad. Todo como Dios manda.
Por supuesto, hay algunas cosas que son casi de principio. Por ejemplo, que las economías abiertas son más productivas y proveen más oportunidades. Pero, dado que no creemos en dogmas, aún ese “principio” no tendríamos objeción de rechazarlo, siempre y cuando se demostrase lo contrario. Es decir, que las economías cerradas son más productivas y proveen más oportunidades que las abiertas.
Eso es lo que explica que estemos a favor del TLC o de cualquier otro instrumento, comercial o no, que favorezca una economía abierta. Ahora bien, es normal que, en una sociedad democrática, un tratado de libre comercio específico, como el TLC, sea objeto de debate particular. En ese debate, defendemos la aprobación del TLC, pero lo hacemos desde nuestra propia perspectiva. No de ninguna otra. Algunos ejemplos son convenientes.
Se sabe que es falso el argumento que rechaza la aprobación del TLC señalando que no contempla los intereses del sector agrícola. Esa posición olvida que lo acordado incluye normas sobre los llamados productos sensibles, períodos de protección y otros temas relacionados. Sabemos que lo negociado, de casi todos los productos, refleja las condiciones que los propios productores solicitaron. El caso del arroz es diferente. Es cierto que existe un sector nacional del arroz, pero ni es tan democrático en su participación de la propiedad ni tan estrictamente agrícola. Además, se olvida que, desde la fecha de aprobación del TLC, el sector arrocero tendrá tiempo suficiente para adaptarse. Si, durante esa transición, no termina siendo competitivo en una economía abierta y fracasan como productores e industriales, pues eso hablará mal de ellos como empresarios. No del TLC. De cualquier manera, como se sabe, con o sin TLC, los libertarios favorecemos la revisión de ese sector.
Ahora bien, reconocemos que, en el nuevo contexto, el sector agrícola enfrentará desafíos y es de responsabilidad llamar la atención sobre esa cuestión que, en ningún caso, puede considerarse reciente el debate sobre ella. Tampoco es nueva la irresponsabilidad con que se ha abordado. Basta recordar que, desde el 2003, el entonces Ministro de Agricultura anunció la elaboración e implementación de medidas para enfrentar esos desafíos. Nos quedamos esperando. Por esa razón, dado que apoyamos lo negociado, también creemos necesario llamar la atención acerca de la importancia de medidas complementarias, que contemple ese tipo de retos. Más aún porque también hablamos de desarrollo rural. Por supuesto, es el Gobierno, y nadie más, quien tiene el deber de la iniciativa.
El caso de seguros es otro ejemplo. No conocemos argumentos serios que respalden la tesis de mantener el monopolio. Es frecuente escuchar que la apertura acabará con la supuesta naturaleza social del monopolio, pero no conozco ningún argumento serio que respalde esa posición y, dada la complejidad de la materia, no sorprende tanta simplificación. Lo cierto del caso es que el INS ha fracasado en su propósito de generar una cultura del seguro y, el mercado, a pesar de la condición monopólica estatal, es poco profundo en seguros tan importantes como los personales. Tampoco ha contribuido con el desarrollo productivo, a través de la inversión de sus reservas; al contrario, ha terminado financiando gasto público ordinario. Se menciona que la apertura afectaría el carácter social del seguro de riesgos del trabajo, pero quien lo afirma desconoce su naturaleza técnica. Se afirma que se mantiene la vigencia del argumento que justificó la creación del monopolio para evitar la fuga de capitales, pero se desconoce el papel de las reservas técnicas, el margen de solvencia y sus inversiones.
Pero ello no implica dejar la seriedad en la normativa legal que respalde la apertura. Un mercado abierto de seguros requiere normas claras, en beneficio de los agentes del mercado y asegurados. Precisa claridad en la normativa sobre inversiones. Necesita de un órgano regulador especializado, técnico e independiente. Llamar la atención sobre esos detalles, es ejemplo de responsabilidad. No de otra cosa. Y, por supuesto, es del Gobierno que se espera lo que corresponde.
Hay muchos otros ejemplos. En cualquier, como sabemos, como la normativa lo precisa, la Asamblea Legislativa debe aprobar o rechazar el Tratado. El Gobierno asumir su responsabilidad. Todo como Dios manda.
