Derechos Laborales y TLC: del prejuicio al juicio

4 de setiembre, 2007

Algunos de los argumentos relacionados con los derechos laborales y el TCL tienen la dificultad de transformar una opinión y una posibilidad en ciencia y destino ineludible, cuando afirman que el TLC y la apertura de mercados degradan la legislación laboral, porque así lo quieren las transnacionales.

El punto de partida es presuntamente científica: los “tratados de libre comercio y otras formas de apertura de mercados generan una reversión de las leyes laborales”. A continuación respaldan su argumento, afirmando que “muchas transnacionales conciben las relaciones laborales como precarización del trabajo, el desconocimiento de los derechos de los trabajadores y las jornadas de trabajo extenuantes”. Ello implica, concluyen, por eso se oponen al TLC en esta cuestión, la “flexibilización laboral” que “en esencia intenta una reversión de las leyes laborales que hicieron a nuestro un remanso de paz social durante medio siglo”. Y también señalan “que los trabajadores costarricenses no podrían ampliar sus derechos laborales, pero el Tratado sí permite que se restrinjan esos derechos bajo las modalidades de desregulación y flexibilización”.

¿Es inevitable que un TLC degrade la legislación laboral? No ¿Lo hace éste TLC? No. No hay en él una sola norma que modifique la legislación laboral nacional. Al contrario, desde el punto de vista de los trabajadores y de la sociedad en su conjunto, crea un nuevo instrumento internacional para garantizar que el comercio entre las partes no atente contra un conjunto de derechos básicos ¿Cuáles? El mínimo reconocido por todos en la OIT. No más, es cierto. Pero no menos.

¿Es posible competir en el mercado global con bajos salarios? Sí y muchos países lo hacen. Por ejemplo: China ¿Es ese un destino ineludible? No. La investigadora de la UCR , María Eugenia Trejos, crítica del tema laboral en el TLC y una de las fuentes utilizadas para quienes toman posición negativa sobre esta cuestión, brinda un buen ejemplo, cuando señala que, frente a la creciente competencia asiática, a finales de los setentas, las "respuestas de las empresas estadounidenses descansaron en un mayor desarrollo tecnológico, la innovación en la organización del trabajo, la relocalización industrial, la subcontratación de parte de la producción, los cambios en los productos y se ajustan a preferencias particulares y se rompe con la estandarización.. Todas estas respuestas contaron con gran apoyo estatal" Es cierto que algunos países y transnacionales conciben las relaciones laborales de la terrible forma en que las describen algunos de los críticos del TLC, pero es imposible concluir que los tratados de libre comercio y la apertura de mercado generan, necesariamente, “una reversión de las leyes laborales”.

¿Eso implica que no deba debatirse sobre la relación entre el mundo laboral y la productividad y competitividad de la economía? No. Todo lo contrario. Pero esa es una decisión de la cual el TLC ni dice ni afecta en nada. De hecho, un día después del referéndum, no importa su resultado, cualquier persona podría presentar una iniciativa de ley con el propósito de aumentar en un 10% lo que se destina al INA y otro 10% a las contribuciones de la CCSS O podría ser que alguien quiera proponer eliminar las cargas sociales y el aguinaldo y todo el listado que todos conocemos. O podría ser que se proponga un debate racional, sumando esfuerzos, sin ceguera alguna. También podría ser que no pase nada y cegados por el inmovilismo, prefiramos que las cosas continuen como han marchado, vergonzosamente, en los últimos años, inmovilizados por el temor compartido.

Aunque todas las alternativas siguen abiertas con la firma del TLC, sea por productividad, por costos, por el crecimiento del sector informal, por los trabajadores o por quien sabe por cuántas otras buenas preocupaciones, ese debate debe darse, sin importar lo que suceda con el TLC. Lo que es imperdonable para la precisión, más aún la académica, es que se quiera convertir en un hecho inevitable lo que es simplemente una opción. No es correcto. La afirmación de Trejos que "de aprobarse el TLC EUCA estaríamos frente a la eliminación de la normativa que protege los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, y la total libertad para disponer libremente de la fuerza de trabajo", es falsa.

Otros críticos señalan que el mecanismo de resolución de controversias derivado de la no aplicación de la normativa laboral “urde todo un entramado procesal, largo y engorroso, en el caso de una reclamación o controversia". Urdir es sinónimo de tramar, intrigar, conspirar, fraguar, proyectar, maquinar, es decir, planear algo de mala fe. En la lógica de aquellos críticos el procedimiento para resolver este tipo de controversias es concientemente “largo y engorroso”.

El procedimiento para solucionar controversias por razones laborales (o ambientales) es, naturalmente, el mismo que se aplica para cualquier diferencia en el TLC. Un procedimiento de lo más antiguo en las negociaciones comerciales, conocido por todos y con una experiencia exitosa que, no hay nada que lo impida, podrá reproducirse en el ámbito laboral. El “síndrome del pero” es negativo; en lugar de emprender positivamente los retos prefiere adormecerlos en su gelatinoso lamentarse que se repite una y otra vez y otra y otra y otra….perdiendo de vista las oportunidades en vez de trabajar por ellas, omitiendo históricas responsabilidades propias. Se ha señalado que este procedimiento debilita la vía procesal laboral ordinaria. Ojalá que fuera así porque todos sabemos que la nuestra no sirve para nada, pero no hay nada en el TLC que la modifique (para mejorarla o empeorarla). De hecho, la Defensoría de los Habitantes señaló que el mejoramiento de la Inspección de Trabajo, el cumplimiento de los Convenios de la OIT y la reforma procesal laboral, son temas pendientes en la agenda nacional, sin TLC.

En este tema, como en muchos otros, no hay nada mejor que recordar aquello de Jean Francois Revel cuando afirmó que “sustituir la positividad se llama incompetencia, evitarla se llama ilusión”.

Relaciones Laborales y Comercio: un atraso de 13 años

Relaciones Laborales y Comercio: un atraso de 13 años

26 de juio, 2007

Walter Farah C.

Una de las preocupaciones de quienes se oponen al tlc son las consecuencias, algunas de ellas, afirman, inevitablemente negativas, que tendrá en la seguridad social, empleo y derechos laborales. Con respecto a éstos últimos, la primera inquietud que surge sobre su relación con el tlc es su conveniencia, es decir, si es necesario que las negociaciones comerciales incluyan el llamado ‘tema laboral’. No todos están de acuerdo, dada la preocupación por la supranacionalidad de las normas que imponen los acuerdos comerciales, de tal forma que, en el tema laboral –pero no exclusivamente, argumentan, se impediría a Costa Rica realizar reformas a su legislación y, de hacerlo, sería para "degradarla", es decir, suponen, deteriorando los tradicionales derechos laborales costarricenses.

Es cierto que los acuerdos comerciales traen consigo una modificación de los marcos jurídicos nacionales, normalmente disminuyendo su importancia relativa pero, dadas las características de la sociedad contemporánea, también lo es su necesidad, tal como lo evidencia la existencia de normas supranacionales en materia de derechos laborales, salud, telecomunicaciones, derechos humanos, propiedad intelectual, inversiones, ambiente, corrupción, terrorismo, entre otras que, por igual han modificado nuestra legislación.

La transición hacia este nuevo modelo de relaciones jurídicas no es fácil pero es ineludible, no porque lo imponga un tlc sino porque nuestro viejo modelo de desarrollo ha variado por completo, dejando atrás, como hubieran dicho los especialistas de los noventas, la vieja sustitución de importaciones (MSI), con su mercado altamente protegido y con la participación activa estatal en las relaciones entre los sujetos. Hoy, en cambio, nuestra economía se encuentra inserta y expuesta en el mercado internacional, nuestras empresas –pequeñas, medianas y grandes; nacionales o no, sociedades anónimas o de la economía social, todas, enfrentan la competencia global y la redefinición del papel del estado.

La inclusión del tema laboral en las negociaciones comerciales es un paso adelante, que puede no comprenderse si la memoria es flaca. Solo basta recordar que el sector privado costarricense históricamente siempre se opuso a ella. Como lo describe el Estado de la Nación, la inclusión del tema laboral en la negociación del tlc, nació de la “instrucción explícita de incluir esos asuntos en las negociaciones de tratados de libre comercio, que el Gobierno de los Estados Unidos recibió de su Congreso a través de la Autoridad de Promoción Comercial (TPA, por su sigla en inglés)”, derivada posiblemente, de las presiones hechas por la Central Sindical AFL-CIO estadounidense. Sin embargo, desde la perspectiva laboral costarricense, a propósito del tlc entre Costa Rica y México, en 1994, hace ya trece años, la relación entre normas laborales y tratados comerciales fue abordada por el fallecido docente, investigador, uno de los mejores laboralistas de nuestro país y extraordinaria persona, Mario Blanco Vado, pionero en el análisis de este tipo de temas e integrante activo de la ANEP de aquellos años.

Al revisar la enorme cantidad de documentos, informes y posiciones emitidas desde el No, sorprende que los problemas laborales asociados a una economía global sean una especie de cosa recién descubierta, sin mayor antecedente, sorprendiendo también la ineficiencia del liderazgo laboral costarricense quien, durante todo este tiempo, pudo propiciar un mayor espacio para el abordaje integral de este tipo de problemas pero no lo hizo o, si lo intentó, no lo logró, porque aunque las posibilidades políticas internas nunca lo hubieren permitido, las de la OIT siempre estuvieron abiertas y tampoco ahí se impulsó el análisis entre libre comercio y derechos laborales, a pesar que los representantes sindicales, en compañía de los empresariales, no han dejado de acudir, regularmente, a las muy hermosas tierras europeas, en representación de todos nosotros, usualmente en un ambiente, para decirlo platónicamente, de “ocio creador” y, a pesar que, gracias al trabajo pionero de Blanco Vado, siempre han contado con suficientes elementos de juicio para estar a la ‘altura de los tiempos’.

Durante la Administración Calderón Fournier, en marzo de 1994, México y Costa Rica anunciaron la finalización de negociaciones de un tratado de libre comercio. En julio de ese mismo año, en medio del debate legislativo respectivo, Blanco Vado escribió el trabajo “El Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y México. Apuntes sobre su impacto en el ámbito laboral”, editado posteriormente, en 1995, por la Fundación Friedrich Ebert, donde se ocupó de “la relación que existe entre el comercio internacional y el mercado de trabajo” y se refirió a “algunas de las consecuencias del acuerdo comercial para el mundo del trabajo y en especial para las relaciones laborales en el marco de la actual legislación laboral”, requiriendo la participación de las organizaciones laborales en la necesaria revisión de la normativa laboral costarricense.

Para entonces este tema era completamente nuevo pero la lucidez de Blanco Vado se reflejó tanto en el conjunto de problemas que abordó, la forma en que los estudió y la profundidad con que lo hizo, muy pero muy distantes de los planteamientos, abordajes y profundidades, de quienes, hoy, en principio, debieran ser sus herederos naturales pero que poco o nada hicieron por transitar en las vertientes abiertas por Mario Blanco. Y no es que Blanco Vado fuera complaciente en el análisis. Al contrario. Por ejemplo, critica la decisión del gobierno de entonces por optar por una negociación aislada del resto de países centroamericanos, denunciando su “carácter excluyente o segregacionista respecto de los restantes países centroamericanos”, haciendo “prevalecer -exclusivamente- los intereses inmediatos y de corto plazo de los sectores empresariales del país por sobre los intereses de largo plazo tanto nacionales como de los restantes países centroamericanos. A pesar de que se reconocen distintos caminos para participar en el comercio internacional en esta etapa la política nacional se orienta claramente hacia la bilateralidad”, afirmó Blanco.

Aunque la tesis segregacionista fue corregida en nuestra política comercial posterior, al punto que la negociación del tlc no solo fue abordada por cinco países centroamericanos sino también por República Dominicana, llama la atención que algunos opositores al tlc insistan en renegociaciones comerciales bilaterales (Costa Rica-Estados Unidos) que, a criterio de Blanco Vado, ya hace trece años, no son más que “un duro revés a las tendencias de integración de un bloque común de Centroamérica frente al resto del mundo”.

Sobresale del planteamiento de Mario Blanco, en comparación con los argumentos de hoy, su constructiva intención dirigida a crear un espacio común, al interior de la sociedad costarricense, para consensuar el debate sobre cambios que ya, en aquel entonces, se percibían como necesarios, como sería el abordar, por ejemplo, el problema de cómo enfrentar, empresarios y trabajadores, el hecho de “una mayor flexibilidad en la producción, en la empresa misma, y en las mismas relaciones laborales”.

De acuerdo a Blanco, el impacto de la creciente competitividad global enfrenta a las empresas a requerir de una mayor flexibilidad laboral asociada a los aspectos individuales de las relaciones laborales, por lo que favorecen una “base normativa para la consolidación de una serie de nuevas modalidades productiva”, adquiriendo “importancia los conceptos de trabajador polifuncional y de los equipos de producción, ambos sustitutivos de la tradicional producción en línea; acompañados por un reclamo para el establecimiento de las modalidades de contratación a tiempo definido, a tiempo parcial y similares, hasta ahora excepcionales en nuestra legislación”.

Nótese como Blanco Vado aborda el problema de la “flexibilidad laboral” como factor de competencia, reconoce sus impactos en el proceso productivo e incluso está dispuesto a debatir estos temas y su relación con la legislación laboral, siempre que, en ese debate, participen las organizaciones de trabajadores, porque ”no será aceptable para los trabajadores ni para las organizaciones sindicales mientras persista en una definición unilateral y se produzca fuera del ámbito de la negociación colectiva”.

Es impresionante la cantidad de sábanas de papeles llenas de interpretaciones y críticas sobre el tlc y las relaciones laborales. Se requiere paciencia para separar los verdaderos problemas de los falsos, la reiteración de argumentos de los argumentos de fondo. Lo malo es que, malos o buenos, reiterados o no, parece que a pocos importa; todo sea para ganar, no importa responsabilidades, ignorancia, mala fe o mala memoria.

Otra Vez TLC

En abril del 2005, en medio de otros avatares, había escrito sobre el TLC. Coviene actualizar argumentos. Recuérdese que, liberales por definición, creemos que del intercambio racional y crítico de las ideas, surgen buenos, deseables y posibles acuerdos. Reconocemos que no siempre llevamos la razón y siempre estamos abiertos a corregir nuestras posiciones, si se nos demuestra, racional y críticamene, lo contrario.

Por supuesto, hay algunas cosas que son casi de principio. Por ejemplo, que las economías abiertas son más productivas y proveen más oportunidades. Pero, dado que no creemos en dogmas, aún ese “principio” no tendríamos objeción de rechazarlo, siempre y cuando se demostrase lo contrario. Es decir, que las economías cerradas son más productivas y proveen más oportunidades que las abiertas.

Eso es lo que explica que estemos a favor del TLC o de cualquier otro instrumento, comercial o no, que favorezca una economía abierta. Ahora bien, es normal que, en una sociedad democrática, un tratado de libre comercio específico, como el TLC, sea objeto de debate particular. En ese debate, defendemos la aprobación del TLC, pero lo hacemos desde nuestra propia perspectiva. No de ninguna otra. Algunos ejemplos son convenientes.

Se sabe que es falso el argumento que rechaza la aprobación del TLC señalando que no contempla los intereses del sector agrícola. Esa posición olvida que lo acordado incluye normas sobre los llamados productos sensibles, períodos de protección y otros temas relacionados. Sabemos que lo negociado, de casi todos los productos, refleja las condiciones que los propios productores solicitaron. El caso del arroz es diferente. Es cierto que existe un sector nacional del arroz, pero ni es tan democrático en su participación de la propiedad ni tan estrictamente agrícola. Además, se olvida que, desde la fecha de aprobación del TLC, el sector arrocero tendrá tiempo suficiente para adaptarse. Si, durante esa transición, no termina siendo competitivo en una economía abierta y fracasan como productores e industriales, pues eso hablará mal de ellos como empresarios. No del TLC. De cualquier manera, como se sabe, con o sin TLC, los libertarios favorecemos la revisión de ese sector.

Ahora bien, reconocemos que, en el nuevo contexto, el sector agrícola enfrentará desafíos y es de responsabilidad llamar la atención sobre esa cuestión que, en ningún caso, puede considerarse reciente el debate sobre ella. Tampoco es nueva la irresponsabilidad con que se ha abordado. Basta recordar que, desde el 2003, el entonces Ministro de Agricultura anunció la elaboración e implementación de medidas para enfrentar esos desafíos. Nos quedamos esperando. Por esa razón, dado que apoyamos lo negociado, también creemos necesario llamar la atención acerca de la importancia de medidas complementarias, que contemple ese tipo de retos. Más aún porque también hablamos de desarrollo rural. Por supuesto, es el Gobierno, y nadie más, quien tiene el deber de la iniciativa.

El caso de seguros es otro ejemplo. No conocemos argumentos serios que respalden la tesis de mantener el monopolio. Es frecuente escuchar que la apertura acabará con la supuesta naturaleza social del monopolio, pero no conozco ningún argumento serio que respalde esa posición y, dada la complejidad de la materia, no sorprende tanta simplificación. Lo cierto del caso es que el INS ha fracasado en su propósito de generar una cultura del seguro y, el mercado, a pesar de la condición monopólica estatal, es poco profundo en seguros tan importantes como los personales. Tampoco ha contribuido con el desarrollo productivo, a través de la inversión de sus reservas; al contrario, ha terminado financiando gasto público ordinario. Se menciona que la apertura afectaría el carácter social del seguro de riesgos del trabajo, pero quien lo afirma desconoce su naturaleza técnica. Se afirma que se mantiene la vigencia del argumento que justificó la creación del monopolio para evitar la fuga de capitales, pero se desconoce el papel de las reservas técnicas, el margen de solvencia y sus inversiones.

Pero ello no implica dejar la seriedad en la normativa legal que respalde la apertura. Un mercado abierto de seguros requiere normas claras, en beneficio de los agentes del mercado y asegurados. Precisa claridad en la normativa sobre inversiones. Necesita de un órgano regulador especializado, técnico e independiente. Llamar la atención sobre esos detalles, es ejemplo de responsabilidad. No de otra cosa. Y, por supuesto, es del Gobierno que se espera lo que corresponde.
Hay muchos otros ejemplos. En cualquier, como sabemos, como la normativa lo precisa, la Asamblea Legislativa debe aprobar o rechazar el Tratado. El Gobierno asumir su responsabilidad. Todo como Dios manda.

CCSS y TLC: 1

28 de marzo, 2006

A inicios de este mes, la Junta Directiva de la CCSS (JD) adoptó su posición con relación al TLC. No hubo unanimidad. Los Representantes del cooperativismo y del sindicalismo (R) no la apoyaron. En ambos casos, las observaciones giraron alrededor de los mismos ejes: mercado laboral y CCSS; seguros; medicamentos, patentes y propiedad intelectual y contratación administrativa.

Seguros

Los R se ocupan de varias cuestiones: ¿los seguros sociales entran o no bajo el ámbito del TLC?, ? ¿cuál debe ser el futuro de los seguros de Riesgos del Trabajo y Automotores? ¿la apertura de los seguros comerciales amenaza el modelo solidario de los seguros sociales?

Los R señalan que el tema de si los seguros sociales entran o no, bajo el ámbito del TLC, es uno de "los más complejos y ambiguos del TLC". Mencionan que, aunque se excluyen del Anexo 12.9.2, no se sabe si se excluyen de todo el capítulo 12; que existe la posibilidad de "diversas interpretaciones" y que "no queda claro si abarca la administración y gobierno de los seguros sociales, sobre todo relativos a las nuevas contingencias..., por ejemplo si el país decide promulgar una ley para pasar la administración y el gobierno de los riesgos del trabajo en condiciones monopólicas del INS a la Caja o incluir un seguro de desempleo administrado por la Caja".

En lugar de reflexionar sobre "nuevas contingencias" que atender, zapatero a tus zapatos; bien hechos, por favor. En lugar de elucubraciones, a cumplir con sus responsabilidades fijadas por ley. Suficiente con el trabajo pendiente. Es una de las facetas de nuestra actual identidad nacional: planeamos todo mal y no hacemos nada bien. Si toma el rumbo de la clarificación de los hechos, la ambigüedad puede ser madre del conocimiento. Pero también lo puede ser del error, si toma el camino de los prejuicios. Suficientes desafíos institucionales para argumentar, en contra del TLC, de la posibilidad, ni siquiera certeza, de atender o no, en el futuro, "nuevas contingencias", por parte de la CCSS. Si la aprobación del TLC implica que la CCSS deberá concentrarse en lo que fue creada, rescatar su espíritu solidario, con eficiencia y eficacia, entonces, bienvenido. Si no lo hace, lástima.

En cualquier caso, los R no afirman que los seguros sociales estén fuera del TLC, sino que tienen dudas sobre ello. No hay que ir muy lejos para conocer la respuesta. El informe de la JD, precisa que el TLC "no contempla modificaciones en los Seguros Sociales que administra la CCSS, ya que se refiere concretamente al rompimiento del monopolio de Seguros por parte del INS". En la carta de los R, no se demuestra lo contrario.

Pero además, los potenciales ejemplos que mencionan están "pal'tigre". Sobre el seguro de desempleo, a la tica, las reglas ya están definidas y no veo la necesidad que la CCSS incremente su participación en este sistema, más del que ya tiene. Todo lo contrario.

Con relación al Seguro de Riesgos del Trabajo (RT), los R afirman que, "como parte de las provisiones legales a poner en marcha debería estudiarse la posibilidad de trasladar el seguro de RT a la CCSS". Espero que nadie seriamente considere esta opción. Solo pensar en el potencial infierno que esperaría a los trabajadores, en la calidad de la prestación de los servicios por parte de la CCSS, crispa los nervios. Como lo crispan, imaginarse que los recursos financieros del seguro de riesgos del trabajo formen parte de su política de inversiones. Quienes apoyan la iniciativa de trasladar la administración de RT a la CCSS, merecen el premio a la ingenuidad, el castigo a la insensatez o ambos. En cualquier caso, la apertura en la administración de RT no afecta la naturaleza solidaria del seguro (mantiene la fuente de financiamiento -el aporte patronal) y saca la politiquería de las inversiones de la actividad aseguradora, en favor del desarrollo de un mercado de capitales de largo plazo. Finalmente, no tan curiosamente, los R no plantearon que la administración del Seguro Obligatorio de Automotores (SOA pasara también a manos de la CCSS.

Los R también mencionan el posible efecto del TLC derivado de la ambigüedad de los límites de un "un riesgo laboral o de un riesgo común en la salud, o en los casos de agotamiento de las pólizas". De acuerdo a ellos, "el seguro de salud actualmente (sic) subsidia a las aseguradoras privadas, tanto en el SOA como en RT. El TLC agravaría esta situación debido a que las aseguradoras privadas, en tanto empresas con fines de lucro, tenderían a reducir costos mediante su traslado a la CCSS". A lo que se refieren los R es a los casos donde existen dudas acerca de la naturaleza, por ejemplo, de un accidente que, por sus características, puede ser o no, considerado como RT, SOA o de Salud. En algunos casos ese límite no es claro, por lo que entran en conflicto los intereses, en la actualidad, del INS y de la CCSS, acerca de quien debe cubrir las prestaciones y pérdidas derivadas.

Es falso que "actualmente, el seguro de salud actualmente subsidia a las aseguradoras privadas", ya que, de Perogrullo, hay un monopolio de seguros; a lo sumo, subsidiaría al INS. Pero tampoco es verdadero afirmar que existe un subsidio en los casos en que la CCSS debe asumir la atención de pacientes de accidentes, finalmente no considerados como RT o SOA. Si no son competencia del Seguro de Riesgos del Trabajo o del Obligatorio de Vehículos, lo son del Seguro de Enfermedad. No hay dónde perderse ni subsidio que inventar. Cada régimen asume su riesgo. En las actuales condiciones monopólicas o en mercado abierto.
Es cierto que estos "casos límite" forman parte de una larga y vergonzosa tradición, entre el INS y la CCSS, por eximirse de su responsabilidad con trabajadores y asegurados. Mi experiencia de hace algunos años, en el Departamento de Riesgos del Trabajo del INS, me proporcionó algunas aproximaciones acerca de quienes, normalmente, no desean asumirla. Pero la argumentación de los R, desea proyectar un impacto de estos casos, mayor del que realmente tienen, en el conjunto de accidentes de RT y SOA. Señalar, como lo hacen los R, que, frente a la apertura derivada de la aplicación del TLC, "la mera aplicación de la ley no resuelve la problemática y se necesita un nuevo andamiaje institucional del Seguro de Riesgos del Trabajo", es algo menos que un buen chiste, algo más que desconocimiento de la normativa aplicable o la permanente tentación de resolver los problemas burocráticamente, otra de las características de los ticos de hoy. A lo sumo, establecer reglas claras para la definición de estos casos límites, no en favor de la CCSS o de las aseguradoras privadas, sino del trabajador y asegurado.

Debate sobre el TLC-1

18 de abril, 2005

Algo que sobresale del actual debate sobre el TLC es su violencia implícita y explícita; algo que no sorprende vista la cotidianidad en la que, ahora, por desgracia, vivimos. Unos en favor, otros en contra. Lamentablemente, confusos y sordos.

Todas y todos los involucrados argumentan que el país está dividido: "...hay dos costaricas en juego". Cada uno de los bandos se hace eco de la autoprofecía y, naturalmente, se ubican en sus posiciones. Lamentablemente, reiterando el viejo maniqueísmo de la guerra fría. Como si no hubieran pasado veinte años desde la caída del Muro. Como si no hubieran pasado doscientos años desde la Revolución francesa. Unos a la izquierda. Otros a la derecha. A continuación, se supone, todos debemos ir a la guerra en nombre de alguna de las "dos costaricas". Tan inútil como alejada de nuestra propia sensibilidad. Tan poca fecunda como los sueños mesiánicos de las y los "generales". Tan poco creativa como el liderazgo que gusta de momificarse ¿Guerra? ¿Para qué?

En enero del 2004, los sectores que se oponen al TLC centraban el eje de su argumentación en los llamados "productos sensibles", "normas de origen" y otros temas relacionados Hoy ya sabemos que todos esos productos, dentro del texto negociado, consiguieron las condiciones que sus productores solicitaron. Por esa razón, algunos de los que se oponen han señalado que no se encuentran en desacuerdo con el TLC "en la parte comercial". Llama la atención el caso del arroz; veremos el debate. De cualquier forma, será un buen ejercicio mental dedicarse a comprender los intersticios lógicos de quienes pretendan justificar la situación actual del mercado nacional arrocero, al tiempo que, entrecejo de por medio y silenciosamente -por aquello de las apariencias, maldicen por el precio actual. O explicarles, a los azucareros o textileros de aquí, que se opongan al tlc porque desfavorece a los azucareros y textileros de allá. O lácteos. O...; veremos.
A propósito de agricultura, todavía esperamos el plan del MAG para enfrentar los retos del TLC. Fue anunciado hace dos años. Y también, a propósito de producción nacional, existe el argumento que la opción ante el tlc es nuestro mercado nacional; nadie puede sostener seriamente ese argumento.
Hay quienes sostienen que la no ratificación no necesariamente implicará la eliminación de las preferencias otorgadas por la ICC. Es cierto. Pero la contrario también. No existe certeza de que no sucederá. Kant le llamaría antinomia. Pero la estrategia nacional de comercio exterior no puede depender ni de la filosofía ni de una decisión unilateral de nuestro principal mercado. La firma del TLC elimina la posibilidad que las preferencias actuales desaparezcan. Ofrece seguridad de largo plazo.

El tema laboral también es objeto de polémica, pero el texto establece el respeto a la legislación laboral nacional y los compromisos internacionales. Hay un argumento que comparto de quienes se refieren críticamente sobre esta cuestión. Las sanciones a empresas que violan la legislación laboral debieran ser asumidos por las propias empresas. De lo contrario, todos terminaremos pagando el ejercicio de un ética empresarial irresponsable. Aquí se nota el lobby del sector privado centroamericano, tan acostumbradito a depender del gasto público.

Desde el punto de vista ambiental, la agenda de quienes argumentan en contra del tlc sobrepasa, a veces desordenadamente, los límites del propio tratado. Dentro de ellos, el texto aprobado en el TLC se menciona como ejemplo en negociaciones comerciales. La suma sin más de reivindicaciones no ayuda a la comprensión del tema. En algunos pronunciamientos críticos al tlc, por ejemplo, se enfatiza en la destrucción y privatización del agua. Sin embargo, el 14 de abril, la Comisión Permanente Especial de Ambiente dictaminó afirmativamente el proyecto de Ley de Recurso Hídrico, expediente No. 14.585, después de más de tres años de discusión y consulta, siendo incorporadas las principales observaciones de la sociedad civil

El tema de la propiedad intelectual era y, es, uno de los más nombrados para oponerse al TLC. Pero la diferencia ya no es tan significativa como en el pasado. Hoy sabemos que la CCSS podrá continuar con su política de medicamentos genéricos. Se argumenta que las consecuencias del tlc en el cuadro de medicamentos significará, en el mediano plazo, el desmantelamiento de la seguridad social, que reforzará la privatización de servicios de salud, abriéndolos a los monopolios trasnacionales de la industria farmacéutica y amenazando nuestro sistema de seguridad social. En términos latinoamericanos, cantinflesco el argumento. Demasiados supuestos en un lógica irrresponsable.

Por otra parte, los argumentos que se oponen a lo acordado en propiedad intelectual olvidan que uno de los indicadores de medición del grado de desarrollo de la llamada "sociedad del conocimiento" es, por ejemplo, la cantidad de patentes registradas y la protección a la información. El sinónimo de su ausencia es el retraso.
Irrita que haya sectores dentro de las universidades públicas que argumenten en contra del tratado por razones atinentes al contexto de la propiedad intelectual. De hecho, debieran ser las abanderadas de la defensa absoluta de la propiedad intelectual. Parte de los recursos públicos destinados a la educación superior se destinan a la investigación, poca, que desarrollan. Uno espera, al menos, que los resultados de esas pocas investigaciones estén debidamente protegidas, porque forman parte del activo que deben aportar, en contraparte, a la sociedad costarricense, por el financiamiento garantizado constitucionalmente. Y se espera que esa investigación impacte positivamente en nuestra sociedad. Será interesante saber cuántas patentes se han derivado de la investigación en las universidades públicas.

Lo que revela el debate sobre la propìedad intelectual es nuestra raquítica radiografía en una área estratégica: la ausencia de I+D. Así que, en lugar de perder el tiempo en tonterías, deberían, al menos las universidades públicas -se esperaría de ellas, promover la inclusión, en la Agenda Complementaria del tlc, de un capítulo dedicado al fomento de la investigación científica y tecnológica. Si lo logran despertar, ojalá en asocio con el Ministerio de Ciencia y Tecnología. El modelo de la Fundación Científica México-Estados Unidos puede servir de guía. Ojalá sin burocracia. De esa forma, una amenaza -producto de nuestra propia incapacidad- derivará en una oportunidad.

Visto en perspectiva, a estas alturas, no debiéramos estar en tan aparente conflicto inevitable. Claro que, seguros y telecomunicaciones agudizan el debate, pero no como para una declaratoria de guerra. Solo pensar en los dolorosos e inevitables efectos de la violencia, crispa los nervios. Hasta los míos.