Ya en abril del 2005, había escrito un par de artículos sobre el TLC y recientemente me concentré en el tema de los seguros. Me refiero, ahora, a las oposiciones al Tratado por razones asociadas al Capítulo Quince sobre Propiedad Intelectual. Aunque lo pactado incluye referencias a una gran cantidad de temas, en general, son de dos tipos los argumentos de quienes se oponen. Uno de ellos proviene de un grupo de interés, los laboratorios de genéricos. El otro de aquellos que consideran que las medidas adoptadas ponen en peligro la salud pública. En el primer caso, estamos frente a un debate de mercado. En el segundo, de política pública; aunque un error común de quienes argumentan motivos de salud pública, para oponerse al TLC, es creer que los argumentos de los laboratorios de genéricos también son validos para sus propias posiciones.
El debate sobre PI inició en el mismo proceso de negociación del Tratado, cuando Estados Unidos hizo públicas sus propuestas originales en la II Ronda de Negociación, celebrada en Cincinati en febrero del 2003. En efecto, Estados Unidos propuso: a) patentar métodos quirúrgicos, terapéuticos y de diagnóstico; b) patentar seres vivos (plantas y animales); c) incluir patentes de segundo uso; d) prohibición de importaciones paralelas; e) restricción de excepciones a los derechos de patentes; f) restricción en el uso de licencias obligatorias; g) aumentar los plazos de vigencia de las patentes por atrasos administrativos y acumulación de otras protecciones; h) ampliar el plazo de la patente, si se genera información nueva; y i) establecer plazos de protección para datos de prueba (5 años para medicamentos y 10 para agroquímicos).
Técnicamente, la propuesta de Estados Unidos, en febrero del 2003, fue una combinación de normas ADPIC y ADPIC-plus. Ahí nace la oposición inicial, tanto de quienes representan intereses particulares como de aquellos preocupados por la salud pública y la CCSS. En el camino, se mimetizaron los argumentos de unos y de otros y, se identificaron, ante la opinión pública, como "defensa de la seguridad social".
El resultado final del TLC fue completamente diferente, aún más como resultado del "Entendimiento Relativo a Algunas Medidas de Salud Pública", firmado por los integrantes del Tratado. Hoy sabemos que el TLC no incluye A), C), D), E), F), H). En suma, excluye todo aquello que hubiera limitado la gestión de la salud pública o, lo que es lo mismo, en materia de salud pública, el TLC no es un ADPIC-plus. Las razones de quienes se oponían al TLC, por su preocupación en torno a la salud pública, han desaparecido. Los acuerdos relacionados con patentes y protección de datos de datos de prueba (-G- e -I-) merecen un tratamiento diferenciado, al igual que B). Volveré a ellos más adelante.
Un argumento adicional, para oponerse, ha surgido con la firma del TLC: no se trata de la aprobación de un tratado sino de diez, pero quienes lo defienden son omisos en su argumentación. De los presuntos diez, el TLC establece un compromiso de los gobiernos por realizar "esfuerzos razonables" para aprobar tres: el Tratado sobre el Derecho de Patentes, el Arreglo de la Haya sobre el Depósito Internacional de Diseños Industriales y el Protocolo al Arreglo de Madrid sobre el Registro Internacional de Marcas. De los siete restantes, cuatro ya fueron ratificados por Costa Rica: el Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor; el Tratado OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas, el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes y el Convenio sobre la Distribución de Señales de Satélite Portadoras de Programas. En la práctica, el TLC llama a ratificar, a Costa Rica, tres tratados: el Tratado sobre el Derecho de Marcas; el Tratado de Budapest sobre Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos y el Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales. Vale decir que ninguno de los tres va más allá de la normativa vigente de la OMC y, desde 1994, existe un compromiso de nuestro país para ratificarlos.
Volvamos a los argumentos de quienes se oponen, señalando razones derivadas de los acuerdos tomados con relación al período de protección de patentes -G-. Es falso que se amplía el plazo de veinte años de la patente. Es verdadero que se incorporan, en el TLC, dos situaciones que pueden derivar, aunque no necesariamente, en la ampliación del período de la patente, ambas, relacionadas con la mala gestión de la administración pública. Uno de los casos es aquella situación donde se presente un atraso injustificado en el otorgamiento de la patente (G-1). El otro, en caso de un atraso injustificado en la aprobación de la comercialización de productos farmacéuticos (G-2). Para el caso de G-1, en Costa Rica, el plazo promedio para el otorgamiento de una patente es de tres años que, además, es el período fijado en el TLC. En el Tratado no se establece el período de compensación, que deberá ser fijado por legislación interna. Vale reiterar que, en el caso de productos farmaceúticos, en Costa Rica, nunca se ha otorgado una patente. Para el caso de G-2 no se estableció ninguna condición, por lo que su desarrollo es privativo de legislación interna. Ni G-1 ni G-2 van más allá de ADPIC; al contrario, son normas que desarrollan sus principios.
Con relación a lo aprobado en el TLC, sobre la protección de los datos de prueba -I-, es falso que esta normativa pueda ser considerada como ADPIC-plus. El período de protección se encuentra previsto en ADPIC. A falta de legislación interna, el TLC precisa ese período que, por lo demás, es el mismo que se utiliza en otros países. Los productores de genéricos farmacéuticos son los que mayormente se han opuesto a esta medida, señalando que con la protección de los datos de prueba se pretende ampliar el monopolio más allá de 20 años de protección otorgados por las patentes. El argumento es falso "La protección de los datos de prueba no tiene el objeto de extender las patentes, sino evitar la competencia desleal. Estos datos constituyen un secreto industrial que se presenta a las autoridades de un país con el objeto de obtener autorización para comercializar un medicamento. Esto normalmente sucede cuando quedan aún 8 o 10 años de vigencia de la respectiva patente, por lo que esta protección expira antes que la patente”.
Conceptualmente, la protección de los datos de prueba, “evita que otros usen la información durante los primeros cinco años luego de que se apruebe el registro sanitario. Con la protección se evitan las prácticas desleales de comercio que se dan cuando los que copian usan toda esa información que es algo así como ‘la receta del original’ sin gastar en investigar curas nuevas”. Es cierto que esta protección modifica los términos del mercado de los medicamentos, pero esa consecuencia se deriva de ADPIC, no del TLC. En realidad, los productores de genéricos hace mucho perdieron esa batalla. Una batalla que, en términos de propiedad intelectual, es justo que la pierdan. No puede justificarse que, sin más, una inversión de millones de dólares en investigación para el desarrollo de un nuevo producto, simplemente sea utilizada por un tercero, en su propio beneficio, sin ningún esfuerzo más que utilizar los datos de prueba, propiedad del desarrollador original.
Los productores de genéricos han querido presentar lo acordado en el TLC, sobre los datos de prueba, como un ataque sobre la política de medicamentos de la CCSS, proveniente de las empresas de productos nuevos. Parece que están muy interesados en nuestra seguridad social y en la salud de los costarricenses. Sin embargo, hasta ahora, los productores de genéricos se han aprovechado de la falta de protección de los datos de prueba para entrar al mercado de medicamentos, sin pena y sin sonrojarse. Tómese en cuenta que, entre el desarrollo y el ingreso de un producto al mercado, se invierten millones de dólares y años de investigación. Dado que el producto se debe patentar cuando está en investigación y no a la venta, los productores de genéricos quieren ser competitivos a costa de la factura de los productores originales. Desde el punto de vista de I+D, los productores genéricos no aportan nada al desarrollo de la salud y quienes señalan que los genéricos son el futuro de la salud, se equivocan. La investigación propia es el camino.
Ahora bien, más allá de los productores de genéricos ¿cuál es el impacto de los cinco de años de protección de los datos de prueba en la política de medicamentos de la CCSS? De los $200 millones de medicamentos que, al año, se venden en Costa Rica, aproximadamente el 38% lo compra la CCSS. De su presupuesto total de compras de medicamentos, aproximadamente, un 33% se destina a medicamentos originales y un 67% a genéricos. Hay quienes argumentan que la limitación impuesta a los productores genéricos para que respeten los datos de prueba, durante cinco años desde la fecha de comercialización, incrementará el presupuesto de la CCSS. Falso. En primer lugar, por razones obvias, independientemente de la aprobación de los cinco años de protección, el cuadro básico de medicamentos de la CCSS, vigente en el momento de la aprobación, no sufrirá ninguna consecuencia.
En segundo lugar, con relación a la incorporación de nuevos medicamentos, el sentido común y la experiencia institucional evidencian que, de existir algún tipo de consecuencia financiera, la misma está muy lejos de los apocalípticos anuncios de algunos. Históricamente, la entrada de productos, en el Cuadro Básico de Medicamentos de la CCSS, se reduce a unos diez por año. En el 2003, fueron diecisiete. De ellos, de estar vigente la norma en ese año, solo siete hubieran tenido la protección de los datos de prueba, pero resulta que ninguno de ellos fue adquirido por la CCSS a un proveedor de productos genéricos. Existe una buena razón para que la prioridad en la atención de medicamentos nuevos siempre la tengan los productores originales: son los únicos que han investigado y realizado pruebas clínicas.
Se entiende la preocupación por la politica de medicamentos de la CCSS. Pero es curioso cómo, quienes se preocupan por este tema a propósito del TLC, no hayan hecho nada para denunciar y corregir los diversos males que han caracterizado esa política, a lo largo de los años, sin Tratado. Sobreprecios en la compra de medicamentos debido al sistema de contratación utilizado; medicamentos vencidos o con indebido almacenaje; faltantes de medicamentos e inscripción de medicamentos genéricos, sin estudios de bioequivalencia.
Molesta que los representantes cooperativo y sindical en la Junta Directiva de la CCSS, se hayan pronunciado en contra del TLC con malos argumentos, proyectando una preocupación que, de haber sido honesta, hace mucho tiempo debieron trasladar a la resolución de aquellos problemas de los que, en virtud de su posición institucional, son responsables de que hayan ocurrido. Resulta que tienen tiempo para escribir desinformados pronunciamientos en contra del TLC, pero no lo han tenido para hacer un alto en los inconvenientes presentados con la política de medicamentos de la CCSS. Dicen defender a los asegurados mientras los asegurados han salido perjudicados, sin TLC.
Otros artículos relacionados con el TLC
Debate sobre el TLC: 1
Debate sobre el TLC: 2
TLC y CCSS-1: seguros
TLC y CCSS-2: seguros
lunes, 17 de abril de 2006
sábado, 8 de abril de 2006
CCSS y TLC: 2
2 de abril, 2006
Continuo con el documento presentado ante la Asamblea Legislativa por los representantes sindical y cooperativo en la JD de la CCSS, a propósito del TLC.
Seguros 2: la relación entre los seguros sociales (SS) y la apertura de los seguros comerciales (SC).
En la columna anterior me referí a la preocupación de los R sobre la relación entre TLC y SS, así como la relación con RT y SOA. Falta ocuparse de la relación entre el régimen de seguridad social y la apertura de los seguros comerciales, o lo que los R llaman "el punto de vista del modelo de solidaridad", donde desarrollan cuatro argumentos críticos.
1- La apertura de los SC favorecería condiciones para la libertad de elección de proveedores de salud, lo que implicaría un cambio en el modelo institucional
Los R señalan que la apertura de los seguros comerciales "conllevará una mayor oferta privada de seguros de salud", por lo que, en el nuevo escenario, "existe suficiente fundamento para temer que los sectores de ingresos medios y altos, y la población en general, presionen por la libertad de elección de los proveedores de salud", que "implicaría un cambio en el modelo institucional, en el que el país ha invertido más de 200 millones de dólares, desde 1994, cuando se inició la reforma y para cuyo financiamiento, el país ha incurrido en un alto nivel de endeudamiento externo". Como pienso que la libertad de elección médica debiera ser parte de nuestro sistema de salud, no veo inconveniente alguno en revisar el modelo institucional para favorecer esa transformación. Los R señalan que ese modelo atentaría contra la reforma anterior pero es de sentido común que cualquier nueva reforma transforma una anterior. De cualquier manera, hablando de evaluaciones, es una lástima que los R no profundizaran en la reforma del 94. Después de 12 años mereceríamos conocer sus resultados ¿No es que había una Gerencia de Modernización y no es que esta Gerencia...?
Pero no debo salirme del tema. En realidad, no lo he hecho. La libertad de elección es un tema que tiene vigencia y dinámica propias y, cada vez más, tiene aceptación en los debates sobre el sector salud. Como se sabe, la libre elección crearía condiciones, por ejemplo, para acabar con las filas y los tiempos de espera. Lo que no gusta a los R, argumentan, es que la apertura de los SC presionaría en favor de la tesis de la libre elección en los SS, no solo de los sectores de ingresos medios y altos, sino también de la población en general. Es extraño: uno supone que los R están para atender los intereses de la población en general, pero parece que están más interesados en preservar la institucionalidad, a pesar de todo. Entonces, ¿a quiénes representan?
No es correcto presentar el debate sobre la libre elección como argumento en contra del TLC. Desvía la atención, confunde escenarios, omite la dinámica particular, exime de responsabilidades propias. Busca pelos en la sopa. En lugar de preocuparse por presiones futuras, los R debieran hacerlo por las acumuladas, donde el déficit es real, con o sin TLC. De cualquier manera, el incremento de la presión en favor de la libre elección, derivado de la apertura de los SC, sería deseable, como es deseable cualquier cosa que tienda a mejorar la calidad de los SS.
2- La apertura del mercado de seguros de salud, especializaría a la CCSS en los sectores de menores ingresos
El argumento completo de los R es el siguiente: "La apertura del mercado de seguros de salud, especializaría a la CCSS en los sectores de menores ingresos, poco rentables para las aseguradoras privadas dado que se trata de población con muchos riesgos y pocos recursos" y "si la población de mayores recursos canalizan sus cotizaciones hacia prestadoras privadas de servicios y las de menores recursos permanecen en la Caja, esta se vería debilitada para hacer frente a los requerimientos de salud de la población dado que su modelo se basa en un sistema de caja única". Todo el argumento se fundamenta en una falsa premisa: el TLC permitiría que la población de mayores recursos pueda canalizar su cotización al SS hacia prestadoras privadas. Eso es falso. El TLC no lo permite.
3- Las amenazas anteriores al sistema de salud afectarían también al seguro de pensiones
Los R sostienen que, dado que "los seguros de salud y de pensiones no son independientes...las amenazas sobre el seguro de salud, detalladas más arriba amenazan directamente al seguro de pensiones". Nuevamente, el argumento de los R es falso. En primer lugar, por que no logran demostrar las "amenazas" que los R suponen. En segundo lugar, como los propios R lo precisan, "se carece de un análisis exhaustivo acerca del impacto del TLC sobre el seguro de invalidez, vejez y muerte y sobre los seguros obligatorios complementarios de pensiones"
¿Cómo es que los R, sin estudios de respaldo, utilicen ese argumento en contra del TLC? ¿Cómo es posible que los R, miembros de la JD de la CCSS, no cuenten con esos estudios, teniendo a su disposición todos, absolutamente todos los recursos institucionales, habiendo contado, además, con todo el tiempo del mundo para solicitarlos? No existen porque no los solicitaron. Los R afirman que existen amenazas sobre el seguro de pensiones de firmarse el TLC pero no lo demuestran, a pesar de su posición privilegiada para obtener los que debieron ser los estudios de respaldo de sus propias opiniones. Poco serio.
4- La apertura del mercado de seguros no necesariamente conllevarán una baja en los SC
No quiero detenerme en esta cuestión. El debate sobre la apertura del mercado de seguros tiene su propia dinámica y no veo en el argumento de los R, relación alguna con la CCSS y los SS, tema principal. De cualquier manera, me gustaría saber si los R tienen conciencia de las oportunidades que representa, por ejemplo, para el cooperativismo y el magisterio, la apertura del mercado de seguros. Pero entiendo que no soy yo quien debe pedir esa consecuencia.
Contratación AdministrativaLa JD de la CCSS considera que la introducción del principio de "Trato Nacional" (TN), "abre la posibilidad de contratar con empresas no domiciliadas, cuenten o no cuenten con un representante en el país, lo que permite visualizar en condiciones ventajosas, una reducción en costos equivalente a los beneficios de los representantes, así como mejorías en cuestiones de garantías y compromiso de cumplimiento en caso de pactar directamente con productores", en particular, por contrataciones de mercancías o servicios que superen los $538.000 o de construcciones con valor superior a los 8 millones de dólares (en los tres primeros años de aplicación, luego el rango disminuye a $6.725.000).
Los R señalan que las políticas públicas de adquisición de bienes y servicios debieran favorecer el "desarrollo socioeconómico y al fomento de micro y pequeñas empresas, o de empresas ubicadas en zonas de menor desarrollo relativo", de manera tal que los "recursos se reinviertan en la propia economía del país". Si, siempre y cuando estén al nivel para hacer frente a los requerimientos que exige, por ejemplo, la adquisición de bienes y servicios de la CCSS. Si se valora como deseable que haya micro y pequeñas empresas o empresas ubicadas en zonas de menor desarrollo relativo, capaces de participar en el entorno competitivo que exige esa institución, entonces, previamente, debieran existir políticas públicas orientadas a ese propósito. De hecho, ya existen muchas de ellas. Da la impresión que se trata más de ausencia de imaginación, falta de visión y empeño.
Llama la atención que sean los R. quienes puntualicen sobre este tema. Ambos son miembros de la actual JD de la CCSS. Antes de ellos, en cumplimiento de la normativa acerca de la composición de esa JD, otros R han pasado por ella. Poseen equivalentes en el INA y otras instituciones públicas. Cuentan con recursos propios -INFOCOOP, por ejemplo- y forman parte de los sectores que definen la estrategia del Banco Popular. Durante largo tiempo han tenido la oportunidad de hacer cumplir el propósito que micro y pequeñas y empresas ubicadas en zonas de menor desarrollo local, participen en las políticas de adquisición de bienes y servicios de la CCSS, de tal forma que se hubieran transfomado en "instrumentos de desarrollo de la economía nacional". A estas alturas, esos encadenamientos debieran ser una realidad. Y no lo son. No por falta de recursos ni de institucionalidad. Hay mala fe en el argumento de los R. Desean pasar en contra del TLC lo que debe ser un mea culpa, no solo de ellos, sino de algunos más.
Los R argumentan que el TN, "establece un criterio de igualdad en la contratación de proveedores, no obstante las diferencias de naturaleza social de los mismos, o de impacto en el desarrollo de sus comunidades o distribución de la riqueza". Pero se confunden y confunden los R. Supongamos que la CCSS está interesada, por ejemplo, en adquirir cierta cantidad de batas blancas de cierta calidad. No veo cómo aplicar el "criterio de igualdad", en otra relación que no sea en la contratación de proveedores. Claro que habría otra opción. Por ejemplo, que las batas no sean blancas o sean más caras o de menor calidad, todo en nombre de la distribución de la riqueza o argumentos similares. Pero es obvio que esta decisión, si alguien osase tomarla, atentaría contra la CCSS y, lo principal, contra los asegurados.
Sería deseable que micro y pequeñas empresas y empresas de zonas de menor desarrollo relativo formaran parte activa de los encadenamientos que pueden generar las políticas de adquisición de la CCSS. Para que eso suceda, se requiere de políticas públicas que las pongan en las condiciones competitivas que requiere el aprovisionamiento de la CCSS. Esas políticas públicas no derivan de la CCSS, que no está para eso, sino de otras instituciones. Por ejemplo, las relacionadas con los propios R: Banco Popular, Infocoop, INA, entre otras ¿Por qué no se ha hecho eso? Por falta de visión, incapacidad o incompetencia ¿Qué los detuvo para promoverla desde que se inició la negociación del TLC? Nada ¿Qué los detiene ahora? Nada ¿Qué tiene que ver todo este cuento con el TLC? Nada.
Opinan los R "que la desaparición de la necesidad de la representación de casas extranjeras en el pais y el consiguiente ahorro de comisiones a proveedores, no necesariamente implicará menores precios de los insumos". Pues sí, no necesariamente, pero los R no se refieren, específicamente, al caso que menciona el documento de la JD, que señala que se generarán mejores condiciones para la CCSS, en particular, en contrataciones de mercancías o servicios que superen los $538.000 o de construcciones con valor superior a los $8 millones. (en los tres primeros años de aplicación, luego el rango disminuye a $6.725.000). Los R omiten este asunto. Es decir, lo que debieron rebatir.
No debiera olvidarse que la CCSS está para brindar servicios de calidad, con eficiencia y eficacia, a la población. Eso significa que cualquier situación que genere condiciones favorables para esos propósitos, debiera ser, más que deseable, una constante, más allá de cualquier otra consideración. La aplicación del TN apunta en esa dirección al incrementar las condiciones competitivas en la oferta asociada a la adquisición de bienes y servicios de la CCSS. Y eso es bueno, sin más.
Continuo con el documento presentado ante la Asamblea Legislativa por los representantes sindical y cooperativo en la JD de la CCSS, a propósito del TLC.
Seguros 2: la relación entre los seguros sociales (SS) y la apertura de los seguros comerciales (SC).
En la columna anterior me referí a la preocupación de los R sobre la relación entre TLC y SS, así como la relación con RT y SOA. Falta ocuparse de la relación entre el régimen de seguridad social y la apertura de los seguros comerciales, o lo que los R llaman "el punto de vista del modelo de solidaridad", donde desarrollan cuatro argumentos críticos.
1- La apertura de los SC favorecería condiciones para la libertad de elección de proveedores de salud, lo que implicaría un cambio en el modelo institucional
Los R señalan que la apertura de los seguros comerciales "conllevará una mayor oferta privada de seguros de salud", por lo que, en el nuevo escenario, "existe suficiente fundamento para temer que los sectores de ingresos medios y altos, y la población en general, presionen por la libertad de elección de los proveedores de salud", que "implicaría un cambio en el modelo institucional, en el que el país ha invertido más de 200 millones de dólares, desde 1994, cuando se inició la reforma y para cuyo financiamiento, el país ha incurrido en un alto nivel de endeudamiento externo". Como pienso que la libertad de elección médica debiera ser parte de nuestro sistema de salud, no veo inconveniente alguno en revisar el modelo institucional para favorecer esa transformación. Los R señalan que ese modelo atentaría contra la reforma anterior pero es de sentido común que cualquier nueva reforma transforma una anterior. De cualquier manera, hablando de evaluaciones, es una lástima que los R no profundizaran en la reforma del 94. Después de 12 años mereceríamos conocer sus resultados ¿No es que había una Gerencia de Modernización y no es que esta Gerencia...?
Pero no debo salirme del tema. En realidad, no lo he hecho. La libertad de elección es un tema que tiene vigencia y dinámica propias y, cada vez más, tiene aceptación en los debates sobre el sector salud. Como se sabe, la libre elección crearía condiciones, por ejemplo, para acabar con las filas y los tiempos de espera. Lo que no gusta a los R, argumentan, es que la apertura de los SC presionaría en favor de la tesis de la libre elección en los SS, no solo de los sectores de ingresos medios y altos, sino también de la población en general. Es extraño: uno supone que los R están para atender los intereses de la población en general, pero parece que están más interesados en preservar la institucionalidad, a pesar de todo. Entonces, ¿a quiénes representan?
No es correcto presentar el debate sobre la libre elección como argumento en contra del TLC. Desvía la atención, confunde escenarios, omite la dinámica particular, exime de responsabilidades propias. Busca pelos en la sopa. En lugar de preocuparse por presiones futuras, los R debieran hacerlo por las acumuladas, donde el déficit es real, con o sin TLC. De cualquier manera, el incremento de la presión en favor de la libre elección, derivado de la apertura de los SC, sería deseable, como es deseable cualquier cosa que tienda a mejorar la calidad de los SS.
2- La apertura del mercado de seguros de salud, especializaría a la CCSS en los sectores de menores ingresos
El argumento completo de los R es el siguiente: "La apertura del mercado de seguros de salud, especializaría a la CCSS en los sectores de menores ingresos, poco rentables para las aseguradoras privadas dado que se trata de población con muchos riesgos y pocos recursos" y "si la población de mayores recursos canalizan sus cotizaciones hacia prestadoras privadas de servicios y las de menores recursos permanecen en la Caja, esta se vería debilitada para hacer frente a los requerimientos de salud de la población dado que su modelo se basa en un sistema de caja única". Todo el argumento se fundamenta en una falsa premisa: el TLC permitiría que la población de mayores recursos pueda canalizar su cotización al SS hacia prestadoras privadas. Eso es falso. El TLC no lo permite.
3- Las amenazas anteriores al sistema de salud afectarían también al seguro de pensiones
Los R sostienen que, dado que "los seguros de salud y de pensiones no son independientes...las amenazas sobre el seguro de salud, detalladas más arriba amenazan directamente al seguro de pensiones". Nuevamente, el argumento de los R es falso. En primer lugar, por que no logran demostrar las "amenazas" que los R suponen. En segundo lugar, como los propios R lo precisan, "se carece de un análisis exhaustivo acerca del impacto del TLC sobre el seguro de invalidez, vejez y muerte y sobre los seguros obligatorios complementarios de pensiones"
¿Cómo es que los R, sin estudios de respaldo, utilicen ese argumento en contra del TLC? ¿Cómo es posible que los R, miembros de la JD de la CCSS, no cuenten con esos estudios, teniendo a su disposición todos, absolutamente todos los recursos institucionales, habiendo contado, además, con todo el tiempo del mundo para solicitarlos? No existen porque no los solicitaron. Los R afirman que existen amenazas sobre el seguro de pensiones de firmarse el TLC pero no lo demuestran, a pesar de su posición privilegiada para obtener los que debieron ser los estudios de respaldo de sus propias opiniones. Poco serio.
4- La apertura del mercado de seguros no necesariamente conllevarán una baja en los SC
No quiero detenerme en esta cuestión. El debate sobre la apertura del mercado de seguros tiene su propia dinámica y no veo en el argumento de los R, relación alguna con la CCSS y los SS, tema principal. De cualquier manera, me gustaría saber si los R tienen conciencia de las oportunidades que representa, por ejemplo, para el cooperativismo y el magisterio, la apertura del mercado de seguros. Pero entiendo que no soy yo quien debe pedir esa consecuencia.
Contratación AdministrativaLa JD de la CCSS considera que la introducción del principio de "Trato Nacional" (TN), "abre la posibilidad de contratar con empresas no domiciliadas, cuenten o no cuenten con un representante en el país, lo que permite visualizar en condiciones ventajosas, una reducción en costos equivalente a los beneficios de los representantes, así como mejorías en cuestiones de garantías y compromiso de cumplimiento en caso de pactar directamente con productores", en particular, por contrataciones de mercancías o servicios que superen los $538.000 o de construcciones con valor superior a los 8 millones de dólares (en los tres primeros años de aplicación, luego el rango disminuye a $6.725.000).
Los R señalan que las políticas públicas de adquisición de bienes y servicios debieran favorecer el "desarrollo socioeconómico y al fomento de micro y pequeñas empresas, o de empresas ubicadas en zonas de menor desarrollo relativo", de manera tal que los "recursos se reinviertan en la propia economía del país". Si, siempre y cuando estén al nivel para hacer frente a los requerimientos que exige, por ejemplo, la adquisición de bienes y servicios de la CCSS. Si se valora como deseable que haya micro y pequeñas empresas o empresas ubicadas en zonas de menor desarrollo relativo, capaces de participar en el entorno competitivo que exige esa institución, entonces, previamente, debieran existir políticas públicas orientadas a ese propósito. De hecho, ya existen muchas de ellas. Da la impresión que se trata más de ausencia de imaginación, falta de visión y empeño.
Llama la atención que sean los R. quienes puntualicen sobre este tema. Ambos son miembros de la actual JD de la CCSS. Antes de ellos, en cumplimiento de la normativa acerca de la composición de esa JD, otros R han pasado por ella. Poseen equivalentes en el INA y otras instituciones públicas. Cuentan con recursos propios -INFOCOOP, por ejemplo- y forman parte de los sectores que definen la estrategia del Banco Popular. Durante largo tiempo han tenido la oportunidad de hacer cumplir el propósito que micro y pequeñas y empresas ubicadas en zonas de menor desarrollo local, participen en las políticas de adquisición de bienes y servicios de la CCSS, de tal forma que se hubieran transfomado en "instrumentos de desarrollo de la economía nacional". A estas alturas, esos encadenamientos debieran ser una realidad. Y no lo son. No por falta de recursos ni de institucionalidad. Hay mala fe en el argumento de los R. Desean pasar en contra del TLC lo que debe ser un mea culpa, no solo de ellos, sino de algunos más.
Los R argumentan que el TN, "establece un criterio de igualdad en la contratación de proveedores, no obstante las diferencias de naturaleza social de los mismos, o de impacto en el desarrollo de sus comunidades o distribución de la riqueza". Pero se confunden y confunden los R. Supongamos que la CCSS está interesada, por ejemplo, en adquirir cierta cantidad de batas blancas de cierta calidad. No veo cómo aplicar el "criterio de igualdad", en otra relación que no sea en la contratación de proveedores. Claro que habría otra opción. Por ejemplo, que las batas no sean blancas o sean más caras o de menor calidad, todo en nombre de la distribución de la riqueza o argumentos similares. Pero es obvio que esta decisión, si alguien osase tomarla, atentaría contra la CCSS y, lo principal, contra los asegurados.
Sería deseable que micro y pequeñas empresas y empresas de zonas de menor desarrollo relativo formaran parte activa de los encadenamientos que pueden generar las políticas de adquisición de la CCSS. Para que eso suceda, se requiere de políticas públicas que las pongan en las condiciones competitivas que requiere el aprovisionamiento de la CCSS. Esas políticas públicas no derivan de la CCSS, que no está para eso, sino de otras instituciones. Por ejemplo, las relacionadas con los propios R: Banco Popular, Infocoop, INA, entre otras ¿Por qué no se ha hecho eso? Por falta de visión, incapacidad o incompetencia ¿Qué los detuvo para promoverla desde que se inició la negociación del TLC? Nada ¿Qué los detiene ahora? Nada ¿Qué tiene que ver todo este cuento con el TLC? Nada.
Opinan los R "que la desaparición de la necesidad de la representación de casas extranjeras en el pais y el consiguiente ahorro de comisiones a proveedores, no necesariamente implicará menores precios de los insumos". Pues sí, no necesariamente, pero los R no se refieren, específicamente, al caso que menciona el documento de la JD, que señala que se generarán mejores condiciones para la CCSS, en particular, en contrataciones de mercancías o servicios que superen los $538.000 o de construcciones con valor superior a los $8 millones. (en los tres primeros años de aplicación, luego el rango disminuye a $6.725.000). Los R omiten este asunto. Es decir, lo que debieron rebatir.
No debiera olvidarse que la CCSS está para brindar servicios de calidad, con eficiencia y eficacia, a la población. Eso significa que cualquier situación que genere condiciones favorables para esos propósitos, debiera ser, más que deseable, una constante, más allá de cualquier otra consideración. La aplicación del TN apunta en esa dirección al incrementar las condiciones competitivas en la oferta asociada a la adquisición de bienes y servicios de la CCSS. Y eso es bueno, sin más.
CCSS y TLC: 1
28 de marzo, 2006
A inicios de este mes, la Junta Directiva de la CCSS (JD) adoptó su posición con relación al TLC. No hubo unanimidad. Los Representantes del cooperativismo y del sindicalismo (R) no la apoyaron. En ambos casos, las observaciones giraron alrededor de los mismos ejes: mercado laboral y CCSS; seguros; medicamentos, patentes y propiedad intelectual y contratación administrativa.
Seguros
Los R se ocupan de varias cuestiones: ¿los seguros sociales entran o no bajo el ámbito del TLC?, ? ¿cuál debe ser el futuro de los seguros de Riesgos del Trabajo y Automotores? ¿la apertura de los seguros comerciales amenaza el modelo solidario de los seguros sociales?
Los R señalan que el tema de si los seguros sociales entran o no, bajo el ámbito del TLC, es uno de "los más complejos y ambiguos del TLC". Mencionan que, aunque se excluyen del Anexo 12.9.2, no se sabe si se excluyen de todo el capítulo 12; que existe la posibilidad de "diversas interpretaciones" y que "no queda claro si abarca la administración y gobierno de los seguros sociales, sobre todo relativos a las nuevas contingencias..., por ejemplo si el país decide promulgar una ley para pasar la administración y el gobierno de los riesgos del trabajo en condiciones monopólicas del INS a la Caja o incluir un seguro de desempleo administrado por la Caja".
En lugar de reflexionar sobre "nuevas contingencias" que atender, zapatero a tus zapatos; bien hechos, por favor. En lugar de elucubraciones, a cumplir con sus responsabilidades fijadas por ley. Suficiente con el trabajo pendiente. Es una de las facetas de nuestra actual identidad nacional: planeamos todo mal y no hacemos nada bien. Si toma el rumbo de la clarificación de los hechos, la ambigüedad puede ser madre del conocimiento. Pero también lo puede ser del error, si toma el camino de los prejuicios. Suficientes desafíos institucionales para argumentar, en contra del TLC, de la posibilidad, ni siquiera certeza, de atender o no, en el futuro, "nuevas contingencias", por parte de la CCSS. Si la aprobación del TLC implica que la CCSS deberá concentrarse en lo que fue creada, rescatar su espíritu solidario, con eficiencia y eficacia, entonces, bienvenido. Si no lo hace, lástima.
En cualquier caso, los R no afirman que los seguros sociales estén fuera del TLC, sino que tienen dudas sobre ello. No hay que ir muy lejos para conocer la respuesta. El informe de la JD, precisa que el TLC "no contempla modificaciones en los Seguros Sociales que administra la CCSS, ya que se refiere concretamente al rompimiento del monopolio de Seguros por parte del INS". En la carta de los R, no se demuestra lo contrario.
Pero además, los potenciales ejemplos que mencionan están "pal'tigre". Sobre el seguro de desempleo, a la tica, las reglas ya están definidas y no veo la necesidad que la CCSS incremente su participación en este sistema, más del que ya tiene. Todo lo contrario.
Con relación al Seguro de Riesgos del Trabajo (RT), los R afirman que, "como parte de las provisiones legales a poner en marcha debería estudiarse la posibilidad de trasladar el seguro de RT a la CCSS". Espero que nadie seriamente considere esta opción. Solo pensar en el potencial infierno que esperaría a los trabajadores, en la calidad de la prestación de los servicios por parte de la CCSS, crispa los nervios. Como lo crispan, imaginarse que los recursos financieros del seguro de riesgos del trabajo formen parte de su política de inversiones. Quienes apoyan la iniciativa de trasladar la administración de RT a la CCSS, merecen el premio a la ingenuidad, el castigo a la insensatez o ambos. En cualquier caso, la apertura en la administración de RT no afecta la naturaleza solidaria del seguro (mantiene la fuente de financiamiento -el aporte patronal) y saca la politiquería de las inversiones de la actividad aseguradora, en favor del desarrollo de un mercado de capitales de largo plazo. Finalmente, no tan curiosamente, los R no plantearon que la administración del Seguro Obligatorio de Automotores (SOA pasara también a manos de la CCSS.
Los R también mencionan el posible efecto del TLC derivado de la ambigüedad de los límites de un "un riesgo laboral o de un riesgo común en la salud, o en los casos de agotamiento de las pólizas". De acuerdo a ellos, "el seguro de salud actualmente (sic) subsidia a las aseguradoras privadas, tanto en el SOA como en RT. El TLC agravaría esta situación debido a que las aseguradoras privadas, en tanto empresas con fines de lucro, tenderían a reducir costos mediante su traslado a la CCSS". A lo que se refieren los R es a los casos donde existen dudas acerca de la naturaleza, por ejemplo, de un accidente que, por sus características, puede ser o no, considerado como RT, SOA o de Salud. En algunos casos ese límite no es claro, por lo que entran en conflicto los intereses, en la actualidad, del INS y de la CCSS, acerca de quien debe cubrir las prestaciones y pérdidas derivadas.
Es falso que "actualmente, el seguro de salud actualmente subsidia a las aseguradoras privadas", ya que, de Perogrullo, hay un monopolio de seguros; a lo sumo, subsidiaría al INS. Pero tampoco es verdadero afirmar que existe un subsidio en los casos en que la CCSS debe asumir la atención de pacientes de accidentes, finalmente no considerados como RT o SOA. Si no son competencia del Seguro de Riesgos del Trabajo o del Obligatorio de Vehículos, lo son del Seguro de Enfermedad. No hay dónde perderse ni subsidio que inventar. Cada régimen asume su riesgo. En las actuales condiciones monopólicas o en mercado abierto.
Es cierto que estos "casos límite" forman parte de una larga y vergonzosa tradición, entre el INS y la CCSS, por eximirse de su responsabilidad con trabajadores y asegurados. Mi experiencia de hace algunos años, en el Departamento de Riesgos del Trabajo del INS, me proporcionó algunas aproximaciones acerca de quienes, normalmente, no desean asumirla. Pero la argumentación de los R, desea proyectar un impacto de estos casos, mayor del que realmente tienen, en el conjunto de accidentes de RT y SOA. Señalar, como lo hacen los R, que, frente a la apertura derivada de la aplicación del TLC, "la mera aplicación de la ley no resuelve la problemática y se necesita un nuevo andamiaje institucional del Seguro de Riesgos del Trabajo", es algo menos que un buen chiste, algo más que desconocimiento de la normativa aplicable o la permanente tentación de resolver los problemas burocráticamente, otra de las características de los ticos de hoy. A lo sumo, establecer reglas claras para la definición de estos casos límites, no en favor de la CCSS o de las aseguradoras privadas, sino del trabajador y asegurado.
A inicios de este mes, la Junta Directiva de la CCSS (JD) adoptó su posición con relación al TLC. No hubo unanimidad. Los Representantes del cooperativismo y del sindicalismo (R) no la apoyaron. En ambos casos, las observaciones giraron alrededor de los mismos ejes: mercado laboral y CCSS; seguros; medicamentos, patentes y propiedad intelectual y contratación administrativa.
Seguros
Los R se ocupan de varias cuestiones: ¿los seguros sociales entran o no bajo el ámbito del TLC?, ? ¿cuál debe ser el futuro de los seguros de Riesgos del Trabajo y Automotores? ¿la apertura de los seguros comerciales amenaza el modelo solidario de los seguros sociales?
Los R señalan que el tema de si los seguros sociales entran o no, bajo el ámbito del TLC, es uno de "los más complejos y ambiguos del TLC". Mencionan que, aunque se excluyen del Anexo 12.9.2, no se sabe si se excluyen de todo el capítulo 12; que existe la posibilidad de "diversas interpretaciones" y que "no queda claro si abarca la administración y gobierno de los seguros sociales, sobre todo relativos a las nuevas contingencias..., por ejemplo si el país decide promulgar una ley para pasar la administración y el gobierno de los riesgos del trabajo en condiciones monopólicas del INS a la Caja o incluir un seguro de desempleo administrado por la Caja".
En lugar de reflexionar sobre "nuevas contingencias" que atender, zapatero a tus zapatos; bien hechos, por favor. En lugar de elucubraciones, a cumplir con sus responsabilidades fijadas por ley. Suficiente con el trabajo pendiente. Es una de las facetas de nuestra actual identidad nacional: planeamos todo mal y no hacemos nada bien. Si toma el rumbo de la clarificación de los hechos, la ambigüedad puede ser madre del conocimiento. Pero también lo puede ser del error, si toma el camino de los prejuicios. Suficientes desafíos institucionales para argumentar, en contra del TLC, de la posibilidad, ni siquiera certeza, de atender o no, en el futuro, "nuevas contingencias", por parte de la CCSS. Si la aprobación del TLC implica que la CCSS deberá concentrarse en lo que fue creada, rescatar su espíritu solidario, con eficiencia y eficacia, entonces, bienvenido. Si no lo hace, lástima.
En cualquier caso, los R no afirman que los seguros sociales estén fuera del TLC, sino que tienen dudas sobre ello. No hay que ir muy lejos para conocer la respuesta. El informe de la JD, precisa que el TLC "no contempla modificaciones en los Seguros Sociales que administra la CCSS, ya que se refiere concretamente al rompimiento del monopolio de Seguros por parte del INS". En la carta de los R, no se demuestra lo contrario.
Pero además, los potenciales ejemplos que mencionan están "pal'tigre". Sobre el seguro de desempleo, a la tica, las reglas ya están definidas y no veo la necesidad que la CCSS incremente su participación en este sistema, más del que ya tiene. Todo lo contrario.
Con relación al Seguro de Riesgos del Trabajo (RT), los R afirman que, "como parte de las provisiones legales a poner en marcha debería estudiarse la posibilidad de trasladar el seguro de RT a la CCSS". Espero que nadie seriamente considere esta opción. Solo pensar en el potencial infierno que esperaría a los trabajadores, en la calidad de la prestación de los servicios por parte de la CCSS, crispa los nervios. Como lo crispan, imaginarse que los recursos financieros del seguro de riesgos del trabajo formen parte de su política de inversiones. Quienes apoyan la iniciativa de trasladar la administración de RT a la CCSS, merecen el premio a la ingenuidad, el castigo a la insensatez o ambos. En cualquier caso, la apertura en la administración de RT no afecta la naturaleza solidaria del seguro (mantiene la fuente de financiamiento -el aporte patronal) y saca la politiquería de las inversiones de la actividad aseguradora, en favor del desarrollo de un mercado de capitales de largo plazo. Finalmente, no tan curiosamente, los R no plantearon que la administración del Seguro Obligatorio de Automotores (SOA pasara también a manos de la CCSS.
Los R también mencionan el posible efecto del TLC derivado de la ambigüedad de los límites de un "un riesgo laboral o de un riesgo común en la salud, o en los casos de agotamiento de las pólizas". De acuerdo a ellos, "el seguro de salud actualmente (sic) subsidia a las aseguradoras privadas, tanto en el SOA como en RT. El TLC agravaría esta situación debido a que las aseguradoras privadas, en tanto empresas con fines de lucro, tenderían a reducir costos mediante su traslado a la CCSS". A lo que se refieren los R es a los casos donde existen dudas acerca de la naturaleza, por ejemplo, de un accidente que, por sus características, puede ser o no, considerado como RT, SOA o de Salud. En algunos casos ese límite no es claro, por lo que entran en conflicto los intereses, en la actualidad, del INS y de la CCSS, acerca de quien debe cubrir las prestaciones y pérdidas derivadas.
Es falso que "actualmente, el seguro de salud actualmente subsidia a las aseguradoras privadas", ya que, de Perogrullo, hay un monopolio de seguros; a lo sumo, subsidiaría al INS. Pero tampoco es verdadero afirmar que existe un subsidio en los casos en que la CCSS debe asumir la atención de pacientes de accidentes, finalmente no considerados como RT o SOA. Si no son competencia del Seguro de Riesgos del Trabajo o del Obligatorio de Vehículos, lo son del Seguro de Enfermedad. No hay dónde perderse ni subsidio que inventar. Cada régimen asume su riesgo. En las actuales condiciones monopólicas o en mercado abierto.
Es cierto que estos "casos límite" forman parte de una larga y vergonzosa tradición, entre el INS y la CCSS, por eximirse de su responsabilidad con trabajadores y asegurados. Mi experiencia de hace algunos años, en el Departamento de Riesgos del Trabajo del INS, me proporcionó algunas aproximaciones acerca de quienes, normalmente, no desean asumirla. Pero la argumentación de los R, desea proyectar un impacto de estos casos, mayor del que realmente tienen, en el conjunto de accidentes de RT y SOA. Señalar, como lo hacen los R, que, frente a la apertura derivada de la aplicación del TLC, "la mera aplicación de la ley no resuelve la problemática y se necesita un nuevo andamiaje institucional del Seguro de Riesgos del Trabajo", es algo menos que un buen chiste, algo más que desconocimiento de la normativa aplicable o la permanente tentación de resolver los problemas burocráticamente, otra de las características de los ticos de hoy. A lo sumo, establecer reglas claras para la definición de estos casos límites, no en favor de la CCSS o de las aseguradoras privadas, sino del trabajador y asegurado.
Debate sobre el TLC-2
25 de abril, 2005
Tuve la oportunidad de recibir algunos mensajes a propósito de mi columna anterior, dedicada al tlc. El más feíllo fue el de don Juan Mora, de Palmafor. Me solicitó que no le enviara "mensajes tan arrastrados y vendepatrias..se nota de quien vive y a quien sirve". Le aclaré que notó mal, ya que, por razones de salud, este es el peor momento para acusarme de eso. Pero también recibí mensajes llamándome la atención sobre algunos supuestos de mi anterior columna.
a) Tratado y Desarrollo. Con don Renato Alvarado, Presidente de la Cámara Costarricense de Porcicultores, intercambié puntos de vista sobre esa relación. No existe certeza sobre su futuro. Dependerá del contexto y de lo que se haga o no se haga. Pero eso tiene que ver con nuestra propia responsabilidad, no con el tratado. Pero dada la naturaleza actual de nuestro sector productivo y su relación con el comercio exterior, la expansión hacia y desde el mercado estadounidense resulta económica y productivamente inevitable y necesaria. Comparto la preocupación sobre nuestra escasa preparación para enfrentar los retos del tratado. La incapacidad de comex relacionada con violaciones de contingentes de la carne de cerdo en otros tratados o, el ineficiente papel del departamento de salud vegetal y animal del mag, la justifican. Son ejemplo. Pero eso habla de la incompetencia, corrupción y problemas que caracterizan al sector público. No de ningún tratado. Pienso que la Agenda Complementaria es un excelente instrumento para presionar en esa dirección
b) La Cláusura Laboral. Con don Marco Vinicio Ruiz, de la Cámara de Industrias, dialogué sobre quién debe asumir la multa prevista por el incumplimiento de las normas laborales. En general, es la misma que se ha venido definiendo en tratados comerciales similares, incluyendo el de Estados Unidos con Chile. En todos ellos la multa deba ser asumida por el Estado, por incumplimiento de su función reguladora del mercado laboral. Por el contrario, mi postura es que, el inclumplimiento jurídico de la norma laboral, presupone el incumplimiento ético de la responsabilidad empresarial para con la sociedad. La empresa debe pagar la multa. De lo contrario, la violación ética termina socializada vía presupuesto nacional y no como debiera, por el impacto en sus clientes. De cualquier manera, siempre quedará la opción impositiva.
c) Medicamentos. Con don Román Macaya, de la Cámara de Productores de Genéricos, tuve un agradable intercambio de información. LLegamos a algunas conclusiones compartidas. El TLC no afecta el actual Cuadro de Medicamentos de la Caja pero sí impactará su futuro. La Caja incorpora, aproximadamente, 20 medicamentos nuevos al año. Don Román precisa algunos motivos. Pero no existe cuantificación acerca de ese impacto, a pesar que menciona algunas cifras, aproximaciones, sin poder explicativo suficiente para justificar el argumento que, lo negociado en el tratado, acabará con la CCSS y la Seguridad Social. Estuvimos de acuerdo en que, el equipo negociador de Costa Rica, no tenía razón alguna para acordar el incremento del período de protección de los datos de prueba. Ni el contexto interno, ni las condiciones actuales de negociación regional y global sobre propiedad intelectual, justificaban esa postura. Además, fue acordada sin un estudio que indicara su impacto, tal como lo reconoció en su visita al Congreso de Estados Unidos, la semana pasada, el propio Ministro de Comercio Exterior. La irresponsabilidad del Ministro solo es equiparable a la irresponsabilidad del equipo negociador. De cualquier manera, mientras que no se sepa el impacto real es imposible resolver la controversia; pero el peso de la prueba corresponde a quienes afirman el inevitable impacto negativo de lo acordado. Mientras tanto, no hay razón alguna para convertir la diferencia en motivo para la guerra. De hecho, tal vez sea una buena razón para recordar que, en toda guerra, los muertos siempre deben tener una razón por la cual morir.
De cualquier forma, no nos pusimos de acuerdo sobre el futuro de los medicamentos. Mientras que para don Román el futuro son los genéricos, para mí es la investigación propia. La realidad es terrible. "La CCSS hace muy poca investigación y ninguna ha sido patentada. De hecho, Costa Rica solamente ha generado 26 patentes en los últimos 5 años, mientras que el resto del mundo ha generado mas de 750,000. Ese es nuestro "balance", precisa don Román. Pero lo que para don Román es un buen argumento para justificar su opción por los medicamentos genéricos, a mi me parece un buen argumento en favor de utilizar el Tratado, mediante la Agenda Complementaria, para, de una vez por todas, tomar en serio el tema de la investigación.
Solo para agregar un dato más sobre la necesidad de cambiar nuestra mentalidad sobre propiedad intelectual. Los avances que ha tenido últimamente la química orgánica están permitiendo que los nuevos fármacos estén basados tanto en productos naturales de estructura compleja, como en moléculas totalmente nuevas diseñadas en los laboratorios. Menos de una de cada cien moléculas desarrolladas, que cuenta con indicaciones terapéuticas sólidas, se acaba comercializando. Si de guerras se tratara, esta debiera ser fundamental, no con baños de sangre, sino con neuronas saltarinas.
d) Apertura del Mercado de Seguros. Desde que hace ya 12 o 13 años tuve que renunciar como dirigente sindical y funcionario del INS -por promover un debate para una apertura equilibrada del monopolio de seguros- nada o casi nada ha pasado. Excepto que, en perspectiva histórica, lo que escribímos en aquella época, terminó en una especie de radiografía moderna.
En efecto, el control político -politiquero- del INS continuó, pero nuestro mercado asegurador sigue siendo poco profundo; la inversión de las reservas técnicas no financia el desarrollo de largo plazo. No hay órgano regulador. No hay normas de contrato particulares.. Así que, siguen existiendo buenas razones para favorecer la apertura. Siempre he escuchado el argumento de lo social. Las únicas preocupaciones que deben existir son dos: el Museo de Jade y el Benemérito Cuerpo de Bomberos. Pero no son obstáculo para la apertura. Se conocen alternativas para garantizar su sostenibilidad a largo plazo. De cualquier forma, la apertura le haría un favor al INS, como compañía de seguros. Obligaría a su personal ejecutivo, profesional y técnico, a poner a prueba sus propias capacidades que, debe ser, su principal valor competitivo ¿Una guerra por provocar profesionalmente a los funcionarios de la compañía estatal?
Pero existe otro argumento para evitar la guerra en nombre del monopolio de seguros. Hay sectores nacionales, de la Economía Social, que están listos para una apertura inteligente y equilibrada. Tienen historia, motivos, mercado, y una estrategia ¿Una guerra por afonía?
e) Apertura de Telecomunicaciones La mayoría de argumentos en favor de mantener la situación actual son de naturaleza histórica. Reivindican el papel fundamental que ha tenido el ICE en nuestro desarrollo. LLevan la razón. Pero el pasado es orientación, no camino. Hay argumentos variados sobre la conveniencia o no de la apertura. Pero el mejor sigue siendo por razones de competencia. Un artículo reciente de don Armando Vargas muestra la diversidad de un mercado interno asociado a las telecomunicaciones, esperando un impulso competitivo desde ellas. No puede ser que, en un territorio pequeño con un monopolio de telecomunicaciones, un fuerte sector de software nacional, compùtadoras en educación y no sé cuántas cosas más, incluyendo los bombetas de siempre, descendamos en los indicadores globales en esta materia. No es un buena carta de presentación. Por lo demás, indispensable, sacar a los politiqueros de la administración del ICE. Dado el saqueo de siempre, la apertura sería un buen negocio para el ICE; se reencontraría con su historia.
Los temas de telecomunicaciones y seguros no formaban parte de la agenda crítica al inicio de la negociación del tratado. Formaban parte de un compromiso del Presidente de la República. En la actualidad, son el eje fundamental del conflicto de las "dos costaricas". Algo ocurrió en el camino. En primer lugar, hemos navegado capitaneados por la incapacidad, ignorancia e irresponsabilidad de Casa Presidencial. Ha faltado claridad, liderazgo y brújula. Si alguna vez la expresión "gradería de sol" ha tenido sentido, después de la Asamblea Legislativa, es ahora en el Poder Ejecutivo. En segundo lugar, tuvimos un equipo negociador que, sobre estos temas, no jugó transparentemente. En lo particular, me desagradó esa estrategia. Revela incapacidad y oportunismo pero, sobre todo, mala fe.
La educación dice lo que somos, que, como sabemos, dice que no somos mucho. La corrupción es un rasgo, casi, de identidad cultural y existe legítima desconfianza. Tal cual vivimos hoy, donde la guerra es la mejor idea, de unos y de otros.
Tuve la oportunidad de recibir algunos mensajes a propósito de mi columna anterior, dedicada al tlc. El más feíllo fue el de don Juan Mora, de Palmafor. Me solicitó que no le enviara "mensajes tan arrastrados y vendepatrias..se nota de quien vive y a quien sirve". Le aclaré que notó mal, ya que, por razones de salud, este es el peor momento para acusarme de eso. Pero también recibí mensajes llamándome la atención sobre algunos supuestos de mi anterior columna.
a) Tratado y Desarrollo. Con don Renato Alvarado, Presidente de la Cámara Costarricense de Porcicultores, intercambié puntos de vista sobre esa relación. No existe certeza sobre su futuro. Dependerá del contexto y de lo que se haga o no se haga. Pero eso tiene que ver con nuestra propia responsabilidad, no con el tratado. Pero dada la naturaleza actual de nuestro sector productivo y su relación con el comercio exterior, la expansión hacia y desde el mercado estadounidense resulta económica y productivamente inevitable y necesaria. Comparto la preocupación sobre nuestra escasa preparación para enfrentar los retos del tratado. La incapacidad de comex relacionada con violaciones de contingentes de la carne de cerdo en otros tratados o, el ineficiente papel del departamento de salud vegetal y animal del mag, la justifican. Son ejemplo. Pero eso habla de la incompetencia, corrupción y problemas que caracterizan al sector público. No de ningún tratado. Pienso que la Agenda Complementaria es un excelente instrumento para presionar en esa dirección
b) La Cláusura Laboral. Con don Marco Vinicio Ruiz, de la Cámara de Industrias, dialogué sobre quién debe asumir la multa prevista por el incumplimiento de las normas laborales. En general, es la misma que se ha venido definiendo en tratados comerciales similares, incluyendo el de Estados Unidos con Chile. En todos ellos la multa deba ser asumida por el Estado, por incumplimiento de su función reguladora del mercado laboral. Por el contrario, mi postura es que, el inclumplimiento jurídico de la norma laboral, presupone el incumplimiento ético de la responsabilidad empresarial para con la sociedad. La empresa debe pagar la multa. De lo contrario, la violación ética termina socializada vía presupuesto nacional y no como debiera, por el impacto en sus clientes. De cualquier manera, siempre quedará la opción impositiva.
c) Medicamentos. Con don Román Macaya, de la Cámara de Productores de Genéricos, tuve un agradable intercambio de información. LLegamos a algunas conclusiones compartidas. El TLC no afecta el actual Cuadro de Medicamentos de la Caja pero sí impactará su futuro. La Caja incorpora, aproximadamente, 20 medicamentos nuevos al año. Don Román precisa algunos motivos. Pero no existe cuantificación acerca de ese impacto, a pesar que menciona algunas cifras, aproximaciones, sin poder explicativo suficiente para justificar el argumento que, lo negociado en el tratado, acabará con la CCSS y la Seguridad Social. Estuvimos de acuerdo en que, el equipo negociador de Costa Rica, no tenía razón alguna para acordar el incremento del período de protección de los datos de prueba. Ni el contexto interno, ni las condiciones actuales de negociación regional y global sobre propiedad intelectual, justificaban esa postura. Además, fue acordada sin un estudio que indicara su impacto, tal como lo reconoció en su visita al Congreso de Estados Unidos, la semana pasada, el propio Ministro de Comercio Exterior. La irresponsabilidad del Ministro solo es equiparable a la irresponsabilidad del equipo negociador. De cualquier manera, mientras que no se sepa el impacto real es imposible resolver la controversia; pero el peso de la prueba corresponde a quienes afirman el inevitable impacto negativo de lo acordado. Mientras tanto, no hay razón alguna para convertir la diferencia en motivo para la guerra. De hecho, tal vez sea una buena razón para recordar que, en toda guerra, los muertos siempre deben tener una razón por la cual morir.
De cualquier forma, no nos pusimos de acuerdo sobre el futuro de los medicamentos. Mientras que para don Román el futuro son los genéricos, para mí es la investigación propia. La realidad es terrible. "La CCSS hace muy poca investigación y ninguna ha sido patentada. De hecho, Costa Rica solamente ha generado 26 patentes en los últimos 5 años, mientras que el resto del mundo ha generado mas de 750,000. Ese es nuestro "balance", precisa don Román. Pero lo que para don Román es un buen argumento para justificar su opción por los medicamentos genéricos, a mi me parece un buen argumento en favor de utilizar el Tratado, mediante la Agenda Complementaria, para, de una vez por todas, tomar en serio el tema de la investigación.
Solo para agregar un dato más sobre la necesidad de cambiar nuestra mentalidad sobre propiedad intelectual. Los avances que ha tenido últimamente la química orgánica están permitiendo que los nuevos fármacos estén basados tanto en productos naturales de estructura compleja, como en moléculas totalmente nuevas diseñadas en los laboratorios. Menos de una de cada cien moléculas desarrolladas, que cuenta con indicaciones terapéuticas sólidas, se acaba comercializando. Si de guerras se tratara, esta debiera ser fundamental, no con baños de sangre, sino con neuronas saltarinas.
d) Apertura del Mercado de Seguros. Desde que hace ya 12 o 13 años tuve que renunciar como dirigente sindical y funcionario del INS -por promover un debate para una apertura equilibrada del monopolio de seguros- nada o casi nada ha pasado. Excepto que, en perspectiva histórica, lo que escribímos en aquella época, terminó en una especie de radiografía moderna.
En efecto, el control político -politiquero- del INS continuó, pero nuestro mercado asegurador sigue siendo poco profundo; la inversión de las reservas técnicas no financia el desarrollo de largo plazo. No hay órgano regulador. No hay normas de contrato particulares.. Así que, siguen existiendo buenas razones para favorecer la apertura. Siempre he escuchado el argumento de lo social. Las únicas preocupaciones que deben existir son dos: el Museo de Jade y el Benemérito Cuerpo de Bomberos. Pero no son obstáculo para la apertura. Se conocen alternativas para garantizar su sostenibilidad a largo plazo. De cualquier forma, la apertura le haría un favor al INS, como compañía de seguros. Obligaría a su personal ejecutivo, profesional y técnico, a poner a prueba sus propias capacidades que, debe ser, su principal valor competitivo ¿Una guerra por provocar profesionalmente a los funcionarios de la compañía estatal?
Pero existe otro argumento para evitar la guerra en nombre del monopolio de seguros. Hay sectores nacionales, de la Economía Social, que están listos para una apertura inteligente y equilibrada. Tienen historia, motivos, mercado, y una estrategia ¿Una guerra por afonía?
e) Apertura de Telecomunicaciones La mayoría de argumentos en favor de mantener la situación actual son de naturaleza histórica. Reivindican el papel fundamental que ha tenido el ICE en nuestro desarrollo. LLevan la razón. Pero el pasado es orientación, no camino. Hay argumentos variados sobre la conveniencia o no de la apertura. Pero el mejor sigue siendo por razones de competencia. Un artículo reciente de don Armando Vargas muestra la diversidad de un mercado interno asociado a las telecomunicaciones, esperando un impulso competitivo desde ellas. No puede ser que, en un territorio pequeño con un monopolio de telecomunicaciones, un fuerte sector de software nacional, compùtadoras en educación y no sé cuántas cosas más, incluyendo los bombetas de siempre, descendamos en los indicadores globales en esta materia. No es un buena carta de presentación. Por lo demás, indispensable, sacar a los politiqueros de la administración del ICE. Dado el saqueo de siempre, la apertura sería un buen negocio para el ICE; se reencontraría con su historia.
Los temas de telecomunicaciones y seguros no formaban parte de la agenda crítica al inicio de la negociación del tratado. Formaban parte de un compromiso del Presidente de la República. En la actualidad, son el eje fundamental del conflicto de las "dos costaricas". Algo ocurrió en el camino. En primer lugar, hemos navegado capitaneados por la incapacidad, ignorancia e irresponsabilidad de Casa Presidencial. Ha faltado claridad, liderazgo y brújula. Si alguna vez la expresión "gradería de sol" ha tenido sentido, después de la Asamblea Legislativa, es ahora en el Poder Ejecutivo. En segundo lugar, tuvimos un equipo negociador que, sobre estos temas, no jugó transparentemente. En lo particular, me desagradó esa estrategia. Revela incapacidad y oportunismo pero, sobre todo, mala fe.
La educación dice lo que somos, que, como sabemos, dice que no somos mucho. La corrupción es un rasgo, casi, de identidad cultural y existe legítima desconfianza. Tal cual vivimos hoy, donde la guerra es la mejor idea, de unos y de otros.
Debate sobre el TLC-1
18 de abril, 2005
Algo que sobresale del actual debate sobre el TLC es su violencia implícita y explícita; algo que no sorprende vista la cotidianidad en la que, ahora, por desgracia, vivimos. Unos en favor, otros en contra. Lamentablemente, confusos y sordos.
Todas y todos los involucrados argumentan que el país está dividido: "...hay dos costaricas en juego". Cada uno de los bandos se hace eco de la autoprofecía y, naturalmente, se ubican en sus posiciones. Lamentablemente, reiterando el viejo maniqueísmo de la guerra fría. Como si no hubieran pasado veinte años desde la caída del Muro. Como si no hubieran pasado doscientos años desde la Revolución francesa. Unos a la izquierda. Otros a la derecha. A continuación, se supone, todos debemos ir a la guerra en nombre de alguna de las "dos costaricas". Tan inútil como alejada de nuestra propia sensibilidad. Tan poca fecunda como los sueños mesiánicos de las y los "generales". Tan poco creativa como el liderazgo que gusta de momificarse ¿Guerra? ¿Para qué?
En enero del 2004, los sectores que se oponen al TLC centraban el eje de su argumentación en los llamados "productos sensibles", "normas de origen" y otros temas relacionados Hoy ya sabemos que todos esos productos, dentro del texto negociado, consiguieron las condiciones que sus productores solicitaron. Por esa razón, algunos de los que se oponen han señalado que no se encuentran en desacuerdo con el TLC "en la parte comercial". Llama la atención el caso del arroz; veremos el debate. De cualquier forma, será un buen ejercicio mental dedicarse a comprender los intersticios lógicos de quienes pretendan justificar la situación actual del mercado nacional arrocero, al tiempo que, entrecejo de por medio y silenciosamente -por aquello de las apariencias, maldicen por el precio actual. O explicarles, a los azucareros o textileros de aquí, que se opongan al tlc porque desfavorece a los azucareros y textileros de allá. O lácteos. O...; veremos.
A propósito de agricultura, todavía esperamos el plan del MAG para enfrentar los retos del TLC. Fue anunciado hace dos años. Y también, a propósito de producción nacional, existe el argumento que la opción ante el tlc es nuestro mercado nacional; nadie puede sostener seriamente ese argumento.
Hay quienes sostienen que la no ratificación no necesariamente implicará la eliminación de las preferencias otorgadas por la ICC. Es cierto. Pero la contrario también. No existe certeza de que no sucederá. Kant le llamaría antinomia. Pero la estrategia nacional de comercio exterior no puede depender ni de la filosofía ni de una decisión unilateral de nuestro principal mercado. La firma del TLC elimina la posibilidad que las preferencias actuales desaparezcan. Ofrece seguridad de largo plazo.
El tema laboral también es objeto de polémica, pero el texto establece el respeto a la legislación laboral nacional y los compromisos internacionales. Hay un argumento que comparto de quienes se refieren críticamente sobre esta cuestión. Las sanciones a empresas que violan la legislación laboral debieran ser asumidos por las propias empresas. De lo contrario, todos terminaremos pagando el ejercicio de un ética empresarial irresponsable. Aquí se nota el lobby del sector privado centroamericano, tan acostumbradito a depender del gasto público.
Desde el punto de vista ambiental, la agenda de quienes argumentan en contra del tlc sobrepasa, a veces desordenadamente, los límites del propio tratado. Dentro de ellos, el texto aprobado en el TLC se menciona como ejemplo en negociaciones comerciales. La suma sin más de reivindicaciones no ayuda a la comprensión del tema. En algunos pronunciamientos críticos al tlc, por ejemplo, se enfatiza en la destrucción y privatización del agua. Sin embargo, el 14 de abril, la Comisión Permanente Especial de Ambiente dictaminó afirmativamente el proyecto de Ley de Recurso Hídrico, expediente No. 14.585, después de más de tres años de discusión y consulta, siendo incorporadas las principales observaciones de la sociedad civil
El tema de la propiedad intelectual era y, es, uno de los más nombrados para oponerse al TLC. Pero la diferencia ya no es tan significativa como en el pasado. Hoy sabemos que la CCSS podrá continuar con su política de medicamentos genéricos. Se argumenta que las consecuencias del tlc en el cuadro de medicamentos significará, en el mediano plazo, el desmantelamiento de la seguridad social, que reforzará la privatización de servicios de salud, abriéndolos a los monopolios trasnacionales de la industria farmacéutica y amenazando nuestro sistema de seguridad social. En términos latinoamericanos, cantinflesco el argumento. Demasiados supuestos en un lógica irrresponsable.
Por otra parte, los argumentos que se oponen a lo acordado en propiedad intelectual olvidan que uno de los indicadores de medición del grado de desarrollo de la llamada "sociedad del conocimiento" es, por ejemplo, la cantidad de patentes registradas y la protección a la información. El sinónimo de su ausencia es el retraso.
Irrita que haya sectores dentro de las universidades públicas que argumenten en contra del tratado por razones atinentes al contexto de la propiedad intelectual. De hecho, debieran ser las abanderadas de la defensa absoluta de la propiedad intelectual. Parte de los recursos públicos destinados a la educación superior se destinan a la investigación, poca, que desarrollan. Uno espera, al menos, que los resultados de esas pocas investigaciones estén debidamente protegidas, porque forman parte del activo que deben aportar, en contraparte, a la sociedad costarricense, por el financiamiento garantizado constitucionalmente. Y se espera que esa investigación impacte positivamente en nuestra sociedad. Será interesante saber cuántas patentes se han derivado de la investigación en las universidades públicas.
Lo que revela el debate sobre la propìedad intelectual es nuestra raquítica radiografía en una área estratégica: la ausencia de I+D. Así que, en lugar de perder el tiempo en tonterías, deberían, al menos las universidades públicas -se esperaría de ellas, promover la inclusión, en la Agenda Complementaria del tlc, de un capítulo dedicado al fomento de la investigación científica y tecnológica. Si lo logran despertar, ojalá en asocio con el Ministerio de Ciencia y Tecnología. El modelo de la Fundación Científica México-Estados Unidos puede servir de guía. Ojalá sin burocracia. De esa forma, una amenaza -producto de nuestra propia incapacidad- derivará en una oportunidad.
Visto en perspectiva, a estas alturas, no debiéramos estar en tan aparente conflicto inevitable. Claro que, seguros y telecomunicaciones agudizan el debate, pero no como para una declaratoria de guerra. Solo pensar en los dolorosos e inevitables efectos de la violencia, crispa los nervios. Hasta los míos.
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